«Los hechos son ciertos, sí». El oficial de una notaría de Palma admitió en el juicio que falsificó poderes notariales que le permitieron hipotecar fincas de familiares suyos y conseguir así más de 450.000 euros. El acusado afronta una petición de cárcel por parte de la Fiscalía de siete años con la que su defensa no está conforme. Sostiene que confesó los hechos y que se denunció a sí mismo en el juzgado de guardia. La acusaciones discuten esta circunstancia y plantean que, en ese momento ya había sido despedido de la notaría y se le había informado de una denuncia. En otro plano, buena parte del juicio debatirá quién tiene que responder por esas cantidades defraudadas a los prestamistas: si el acusado en solitario o también su empleador y sus seguros.