El triple feminicidio de Miranda de Ebro (Burgos) pone de nuevo el foco en los agresores reincidentes y en las herramientas de control después de la prisión. El pasado 10 de marzo, J. M. G., el presunto asesino, provocó un incendio en la puerta de la vivienda de su expareja Dolores, que acabó con la vida de ella, su madre, Antonia, y una vecina del bloque llamada Laura. J. M. G. llevaba una semana en libertad. En 2017, ya había sido condenado a seis años de prisión por detención ilegal y abuso sexual a una menor de nueve años y, en 2024, a otro año y siete meses de cárcel por detención ilegal a la prima de su anterior pareja, a la que encadenó en su casa por un supuesto robo. Este hombre figuraba además en el sistema VioGén por episodios de violencia contra otra expareja, aunque no tenía ninguna denuncia contra él y ese caso estaba inactivo. Asociaciones que trabajan con víctimas de violencia de género reclaman en conversación con ABC más recursos y un mayor control sobre los agresores con antecedentes criminales que salen de prisión para evitar la reincidencia. También dicen que la prioridad debe ser la protección efectiva de las víctimas y la prevención del riesgo, dado que recelan de los programas de intervención en prisión. La presidenta de la Asociación Alanna y psicoterapeuta, Chelo Álvarez Sanchis, señala que lo ocurrido en Miranda es un «problema estructural» que las entidades especializadas llevan años denunciando. «Los maltratadores y violadores sabemos que reinciden. Los programas que se llevan a cabo no funcionan porque estos delincuentes entran para reducir penas y no para dejar de agredir y salen con sed de venganza», explica Álvarez, que lamenta que no se está garantizando «un seguimiento real» y una «evaluación exhaustiva de la peligrosidad». Ana Bella, presidenta de la fundación que lleva su nombre, critica que estos programas «no son efectivos» y denuncia que muchos son hasta voluntarios. Según están planteados, continúa, gran parte de los maltratadores se apuntan para buscar beneficios penitenciarios, como lograr permisos o quitarse parte de la pena. «Tampoco hay un seguimiento posterior efectivo para saber qué hacen después fuera o con sus siguientes parejas, deberían seguir en estos cursos aunque ya no estén en la cárcel», subraya Bella. Coincide con ellas Gregorio Gómez, director de la Asociación Alma, que cree que las evaluaciones son «demasiado flexibles» y las administraciones «no hacen un buen seguimiento» por falta de recursos. Y añade: «Viendo el historial de este hombre, no sé qué pintaba en la calle, no sé qué habían hecho los equipos de instituciones penitenciarias a la hora de evaluarlo». Álvarez reconoce que muchos programas de intervención en prisión no funcionan y no sirven para detectar peligrosidad. «El riesgo no desaparece con la excarcelación, al contrario, en muchos casos puede aumentar, especialmente cuando el agresor mantiene sentimientos de venganza o de pérdida de control sobre la mujer», advierte. También lamenta que una parte son voluntarios, de duración limitada y con evaluaciones que no siempre permiten detectar si el agresor mantiene las «creencias de control y dominio» que están en la base de la violencia. Además, Gómez insiste en que las instituciones penitenciarias deberían contar con un mayor equipo de psicólogos que evalúen si una persona está preparada para salir y reclama mayor inversión económica para cubrir este déficit: «Cuentan con muy poco personal; ciertos reclusos ven muy poco al psicólogo, que tendría que estar encima de ellos, aquí hay que destinar muchos más recursos». La prevención es fundamental para las tres asociaciones. La presidenta de la Fundación Ana Bella reprocha que muchos maltratadores no estén geolocalizados y reclama con urgencia presupuesto para que todos los agresores que estén en el sistema VioGén tengan pulseras antimaltrato. «Ningún hombre con sistema de localización ha asesinado a su pareja; es una medida que funciona. ¿Cómo es posible que en España no haya presupuesto para que todos lleven la pulsera? Hay que aplicar la prisión preventiva o geolocalizarlos a todos», asegura Bella, que también apunta a mejorar la prevención inicial: «Casi todos los asesinos han amenazado antes con matar, pero si no hay un parte de lesiones graves, no nos hacen caso ni nos dan la orden de alejamiento».