El caso que amenazaba a Ana Millán, vicesecretaria del Partido Popular (PP) de Madrid y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, se ha difuminado en cuestión de semanas después de seis años de investigación. La número tres de Isabel Díaz Ayuso y de confianza de Miguel Ángel Rodríguez estaba acusada de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública, pero su caso, torpeado tras aforarse gracias a que la presidenta autonómica la incluyese en las listas electorales, se ha apagado tras pasar por las manos de distintos jueces de sobra conocidos. Los hechos se remontan a hace más de una década en Arroyomolinos, donde Millán se desempeñó como alcaldesa. Antes, entre 2005 y 2011, había ocupado la concejalía de Juventud, periodo durante el que se investigaba su relación con el empresario Francisco Roselló, quien le pagó el doble del valor de mercado por el alquiler de un ático de su propiedad mientras la empresa de Roselló contrataba a la hermana y al marido de Millán, llegando este último a trabajar de bedel en un colegio, pese a no ser ni de lejos su sector, gracias a estos contratos. La propia Guardia Civil cifró que la actual número tres de la Comunidad de Madrid y sus familiares habían obtenido más de 200.000 euros de beneficio por los contratos concedidos a Roselló. Como presunta contrapartida, el empresario habría obtenido más de 650.000 euros en contratos durante el periodo en el que Millán estaba al cargo de concejalías. Los posteriores responsables de las áreas, tal y como indica la Unidad Central Operativa (UCO), decidirían no contratar con el empresario relacionado con la familia de Millán. Esto y otras cuestiones, como que el marido de la vicesecretaria del PP llevase a casa hasta 42.650 euros en efectivo, llevaron a la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, a quien se encargó la investigación, a enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues Millán está aforada. Allí aguardaba el conservador Juan José Goyena, quien fue el responsable de enviar la causa contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al Tribunal Supremo por la emisión de una nota de prensa. Goyena consideró que no había indicios contra Millán y devolvió el caso al juzgado de Navalcarnero, donde el baile de sillas ha hecho pasar a múltiples responsables. La última ha sido la jueza Marta Hernández Lafuente, quien ha decidido, según adelanta elDiario.es, archivar la investigación al considerar que "no ha quedado acreditado la existencia de indicios racionales de comisión". Ni la contratación de familiares, ni el pago de un ático por el doble de precio, ni el dinero en efectivo, ni lo concluido por la UCO, ni el hecho de que el empresario no volviese a contratar con el Ayuntamiento, según la UCO, al irse Millán. No considera la jueza que existan "irregularidades ni arbitrariedades atribuibles a Ana Belén Millán, constando únicamente como indicio de irregularidad la declaración policial de Vanesa Sánchez Archidona, auxiliar...