El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los canarios, y para dar respuesta a esta demanda, el Gobierno de Canarias ha iniciado un cambio de rumbo en sus políticas. Así lo ha manifestado el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, en el programa 'Herrera en COPE Canarias', durante el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de 36 viviendas de protección oficial en Telde (Gran Canaria), la primera que se construye en el municipio en casi dos décadas. Estas 36 viviendas en Jinámar, con un presupuesto de 7,5 millones de euros y un plazo de ejecución de unos 18 meses, "se unen a más de 2.000 viviendas que estamos construyendo en toda Canarias", explicó Rodríguez. El consejero destacó que la última promoción entregada en Telde databa de 2010. Este proyecto simboliza un cambio importante después de prácticamente dos décadas en las que apenas se ha edificado VPO para dar respuesta a la emergencia habitacional. El plan del ejecutivo canario es más ambicioso y contempla una cifra cercana a las 4.000 viviendas entre las que están planificadas, en construcción, adquiridas o en rehabilitación. El objetivo es revertir una situación crítica. Pablo Rodríguez recordó que, si bien en 2008 se alcanzó la cifra récord de 35.000 viviendas construidas en un año, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria la producción cayó a solo 1.000 anuales. Aunque en los últimos años la cifra ha aumentado a unas 4.000 o 5.000 viviendas entre promoción pública y privada, sigue siendo "insuficiente", ya que cuesta que el tejido productivo vuelva a producir a un ritmo similar debido a la desaparición de muchas empresas. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha varias medidas. Una de las más destacadas es el nuevo decreto ley que permitirá a los ayuntamientos externalizar los informes técnicos de las licencias a través de colegios profesionales o empresas especializadas. "Hay ayuntamientos donde se tarda 2 o 3 años en obtener una licencia", señaló el consejero, quien puso como ejemplo a Telde, un municipio de 105.000 habitantes con una sola arquitecta municipal. En el ámbito de la financiación, se va a presentar la 'hipoteca joven', que permitirá a este colectivo acceder a una vivienda con una financiación del 95%, y se potenciará el uso de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para la construcción y compra. Otra de las grandes novedades es la modernización del registro de demandantes de vivienda y los criterios de adjudicación. El proceso de inscripción se podrá hacer online con una declaración responsable, pasando "de un registro del siglo XIX a uno del siglo XXI". Además, se elimina el sorteo como método de asignación. "Me parece que el azar no puede ser el que dé justicia social en Canarias", afirmó Rodríguez. En su lugar, se usará un baremo con criterios sociales, económicos y familiares para asegurar que las viviendas "son para quien más lo necesitan y no el que más suerte tiene". Dentro de este nuevo sistema, se han aumentado los cupos para colectivos prioritarios. Las reservas para jóvenes pasarán del 5% al 20%, y también se incrementan las de personas con discapacidad funcional, víctimas de violencia de género y personas mayores. Con ello, según el consejero, se busca la integración social dentro de las promociones. "Buscamos que haya una integración social, que es lo que hace comunidad y lo que hace que al final se convierta realmente en un hogar". El nuevo reglamento también refuerza el requisito de arraigo, exigiendo una residencia mínima de 10 años continuados o 15 interrumpidos en las islas para acceder a una vivienda pública. Rodríguez defendió la medida como una forma de "priorizar" a quienes "han construido su proyecto de vida en Canarias", dado que se lleva "tantos años sin construir vivienda pública". Paralelamente, el consejero se refirió al debate sobre la limitación de la compra de vivienda a extranjeros no residentes, que suponen "cerca de un tercio de las compraventas", lo que "eleva los precios y hace todavía más difícil para el que vive aquí poder acceder a una vivienda". Celebró que el Gobierno de España defienda esta posición ante la Comisión Europea para "proteger a la población que vive en Canarias", aunque reconoció su complejidad.