Han pasado cuatro largos años desde que el Congreso de los Diputados aprobara debatir cómo convertir en delito la ocultación del cadáver y la reincidencia del criminal en casos de asesinato. La derecha abogaba por ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable (PPR), para que esa, la máxima condena que contempla la ley en España, fuera el castigo en esos casos; la izquierda, contraria a esa casi cadena perpetua de 'factum', pretendía legislarlo como un delito autónomo. Pese a aquel 'sí' de todos los grupos menos Podemos, han pasado cuatro años de aquella votación y dos más desde que el Tribunal Supremo impuso la permanente revisable al asesino en serie que mató a Marta Calvo y su madre, Marisol Burón Flores, impulsora de ese cambio legal, sigue sin ver cumplida la solemne promesa que suponía la aprobación de la Cámara que representa a todos los españoles. Eso podría cambiar a partir de hoy.