La provincia de Cádiz afronta una situación de exclusión social especialmente intensa, marcada por tres grandes factores: la inestabilidad laboral, el acceso cada vez más difícil a la vivienda y el empeoramiento de las condiciones de salud. Así lo revela el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, presentado este martes en la sede del Obispado de Cádiz por Cáritas Diocesana de Cádiz, Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez y la Fundación FOESSA. El análisis, fruto de una sólida investigación, dibuja un escenario donde las brechas sociales se han consolidado. Según Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación Foessa, este fenómeno ha provocado la cronificación de la exclusión y la pobreza. "No fallan las personas, falla el sistema", ha afirmado Flores, desmontando los discursos que atribuyen la pobreza a la pasividad individual. La vivienda se ha convertido en el principal motor de exclusión en la provincia. El informe desvela un dato demoledor: "Más de 140.000 personas en Cádiz caen en situación de pobreza severa una vez pagados los gastos de la vivienda", ha explicado Flores. Este sobreesfuerzo residencial es consecuencia directa de una escalada de precios desconectada de la evolución salarial, con un aumento del 25 % en el precio del alquiler entre 2018 y 2023. Para el coordinador del estudio, la situación ha transformado el acceso a la vivienda en un "derecho fake". "Mientras no existan políticas estables que la garanticen, la recuperación económica no se traducirá en integración social", ha sentenciado. El segundo gran factor de exclusión es la fragilidad del mercado laboral. A pesar de que la tasa de paro ha mejorado, sigue siendo estructuralmente alta, un 18 % en 2025, por encima de los niveles previos a la crisis de 2008. Además, el problema va más allá del desempleo: "Alrededor de 120.000 personas viven en hogares donde el sustentador principal sufre una inestabilidad laboral grave", ha señalado Flores. Esta realidad, marcada por la intermitencia y la parcialidad no deseada, provoca que el empleo ya no sea una garantía para escapar de la vulnerabilidad. "El empleo reduce el riesgo de exclusión, pero ya no lo evita", ha subrayado el secretario técnico de FOESSA. De hecho, un 14 % de las personas que trabajan en la provincia se encuentran en situación de exclusión. El tercer ámbito crítico es la salud, convertida en "uno de los espejos más claros de la desigualdad social". Según el informe, "cerca de 200.000 personas en la provincia han tenido que dejar de seguir tratamientos médicos, dietas o comprar medicamentos por falta de recursos". Esta renuncia profundiza la desigualdad y empuja hacia un modelo sanitario de doble velocidad, donde la capacidad de pago marca la diferencia. El informe también alerta sobre el debilitamiento de las redes de apoyo social, un factor que acelera la exclusión. El aislamiento afecta ya al 16 % de la población andaluza, pero la cifra se dispara en los hogares más vulnerables. "Quienes más necesitan apoyo son quienes menos lo tienen", ha lamentado Flores. Durante la presentación, el director de Cáritas Diocesana de Cádiz, Vicente Pablo Ortells, ha destacado que el informe es clave para "comprender la realidad en profundidad" y orientar la acción social. Por su parte, Eugenio Sánchez, director de Cáritas de Asidonia-Jerez, ha añadido que el objetivo es que la investigación "sirva a las personas que viven en el lado oscuro de nuestra realidad, a todos esos descartados". Ante este "modelo social claramente agotado", Cáritas y la Fundación FOESSA han insistido en la necesidad de un nuevo pacto social. Un pacto que sitúe la vivienda, la salud y el empleo digno como pilares para construir un proyecto compartido basado en la justicia y la responsabilidad común.