El sector del transporte de mercancías en Navarra afronta con "mucha preocupación" la escalada de precios del combustible. Así lo ha manifestado Ignacio Orradre, secretario general de la Asociación Navarra de Empresarios de Transporte y Logística (ANET), quien ha señalado que el futuro inmediato de miles de empresas depende de las decisiones que el Gobierno anuncie tras el Consejo de Ministros. La incertidumbre es máxima a la espera de un paquete de ayudas que consideran vital para su supervivencia. Sobre la mesa, una petición clara: replicar las medidas que ya se aplicaron con la crisis de la guerra de Ucrania en 2022. Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), trasladó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la necesidad de activar un plan similar. Entre ellas, la aplicación de una bonificación mínima de 25 céntimos por litro de combustible; la puesta en marcha de ayudas directas para las empresas de transporte de mercancías en función del tipo de vehículo (1500 € por tractora o rígido y 750 € por furgoneta) y la revisión de la fórmula de indexación del precio del transporte para reflejar de forma más adecuada el peso del coste del combustible en la estructura de costes del sector (+10% por tipología, quedando: un 40% para el pesado, un 30% en el vehículo de hasta 16 toneladas y un 20% en el ligero) La urgencia es extrema. Orradre advierte de que la situación es "seria", ya que el incremento del precio está consumiendo rápidamente los avales económicos que las empresas depositan con las estaciones de servicio. "Si está subiendo el precio a mismo litro, estamos gastando más importe de aval", explica. Esto podría llevar a muchas compañías, especialmente las de menor tamaño, a una situación límite. El secretario general de ANET lanza una seria advertencia: "Podemos estar llegando a finales de mes sin capacidad de financiación para poder suministrar combustible a nuestros camiones". Si el Gobierno no aprueba medidas "contundentes y rápidas", se corre el "riesgo de que se paralice el normal funcionamiento de la actividad de transportes" antes de que acabe el mes. Aunque el efecto es el mismo para todos, el impacto es más "potente" en las pymes y autónomos, que disponen de menor capacidad financiera para aguantar un golpe así. Orradre pone cifras al problema: el repostaje semanal de un camión ha pasado de 1.530 a 2.050 euros, un sobrecoste de 520 euros por depósito que desequilibra cualquier previsión económica. El sentir general entre los profesionales es unánime, un mensaje que resume Orradre con crudeza: "Esto no hay quien lo aguante". Muchos transportistas se ven atrapados por precios cerrados con sus clientes, asumiendo una variación de costes que no siempre pueden repercutir. Aunque la ley contempla una cláusula de revisión de precios, el secretario de ANET lamenta que "no siempre se aplica y es un error". El sector ha aprendido de crisis anteriores, como la de 2022, y por ello ha pedido "las medidas desde el primer día". Sin embargo, existe una diferencia clave que genera temor. En aquella ocasión, la Unión Europea activó un marco temporal de ayudas de estado que permitía subvenciones más elevadas. "En este caso todavía no está habilitado", señala Orradre, lo que podría limitar la contundencia de la respuesta del Ejecutivo. Mientras esperan las decisiones del Gobierno, la única certeza es que "el endeudamiento de las empresas subirá". La incertidumbre actual impide tomar decisiones claras y el sector reza para que la situación "se estabilice pronto", aunque la breve tregua en la subida de precios de los últimos días no ha sido suficiente para calmar los ánimos.