El Congreso registró el el 16 de febrero una respuesta oficial del Ejecutivo a preguntas de Sumar en la que afirma que los seis agentes que redujeron al hombre cumplieron “escrupulosamente” el protocolo y que la actuación se ajustó a los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”. Le dispararon entre ocho y diez veces estando ya en el suelo Los vídeos de la muerte de Haitam tras ocho descargas de táser de la Policía en Torremolinos: “Ya ha muerto, ¿no?” El Gobierno aseguró el mes pasado que los dos agentes que usaron las pistolas táser durante la intervención policial que acabó con la muerte de Haitam Mejri el pasado 7 de diciembre en Torremolinos “cumplieron escrupulosamente” con las directrices para su uso. Mejri murió en un locutorio al que había entrado para pedir un cargador. Forcejeó con el dueño, que lo encerró y avisó a la Policía, que envió a seis agentes que lo redujeron y descargaron sobre él al menos ocho disparos de entre 1.000 y 2.000 voltios cuando ya estaba en el suelo. También le golpearon en la cabeza, le presionaron sobre piernas y tórax y le rociaron un gas irritante. Su muerte estaba siendo investigada por un juzgado de instrucción, que mientras espera al informe de autopsia para determinar posibles afecciones cardiacas y la influencia del consumo de estupefacientes ha decidido archivar provisionalmente la investigación. Su familia cree que la actuación policial fue desproporcionada y contribuyó decisivamente a su fallecimiento . La posición del Gobierno consta en el escrito de respuesta dirigido a Enrique Santiago y Toni Valero (Sumar), al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía . En la respuesta justifica la intervención con táser atendido al “tipo de situación”, la “forma” en que se usó (“descarga por contacto”, la menos lesiva según se dice) y las zonas del cuerpo donde el hombre recibió las descargas, hombro y pierna. La actuación se ajustó a los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”, dice el Gobierno, “en el marco de la detención de una persona que presuntamente había cometido un delito grave y desobedecía abiertamente las instrucciones de los agentes, lo cual en sí mismo supone la comisión de otro delito”. El Gobierno advierte en su respuesta, registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero, de que los hechos están siendo investigados por un juzgado, y que en ese marco la Policía ha aportado “todos los medios de prueba que se han podido recopilar mediante la elaboración del atestado policial, incluyendo grabaciones de videovigilancia y de las cámaras corporales de los agentes, que van asociadas al uso del inmovilizador eléctrico, así como un informe técnico policial realizado por la Brigada de Policía Científica”. Tras la publicación de parte de esos vídeos en elDiario.es, este medio ha preguntado el Ministerio del Interior si mantiene esa posición. “Este asunto está, desde el momento del fallecimiento, sometido a un proceso judicial, y tanto el ministerio como la Policía Nacional están a la espera de que concluya dicha indagación”, señala un portavoz. El hombre, de 35 años, recibió entre ocho y diez descargas eléctricas (hay varias que este medio no ha podido determinar si son dos o una muy prolongada) en tres momentos. La mayoría, de cinco a siete, cuando estaba siendo sujetado entre cinco agentes, en un lapso de apenas un minuto. Dos minutos después recibe otras dos, con la situación ya aparentemente más controlada, según se observa en las imágenes. Seis minutos y medio después recibe la última descarga. “¿Esto cómo para de grabar?” Los agentes (primero dos, luego otros cuatro) acudieron al local tras el aviso del dueño por un robo. Sin embargo, los vídeos grabados por las cámaras del propio establecimiento no sostienen esa hipótesis, y sí que el hombre entró al locutorio muy alterado, en estado delirante, presumiblemente bajo los efectos de algún estupefaciente, buscando a toda costa un cargador con el que recargar la batería de sus dos móviles. La Policía llegó poco después. Este medio ha podido visionar los vídeos que recogen la intervención policial. Mientras dialoga con el primer agente, Haitam señala en varias ocasiones su voluntad de colaborar. “Voy a trabajar con vosotros”, “voy a colaborar”, le dice. Parece nervioso pero no da muestras aparentes de agresividad. Suelta las tijeras escolares que tenía en la mano, pero no sigue la instrucción de soltar también los móviles y echarse al suelo. El agente le pide en varias ocasiones que, dado que quiere colaborar, le dé la mano. Cuando lo hace aprovecha para engrilletarlo de esa mano con ayuda de dos de sus compañeros, mientras él dice “voy a colaborar he dicho”. Hasta que se le cae el móvil y empieza entonces un forcejeo para mantenerlo tumbado y engrilletarlo de las dos manos, que incluye golpes, descargas táser, sujeciones e insultos en una actuación en la que intervienen seis agentes. En diez minutos Haitam recibe alrededor de una decena disparos eléctricos mientras trata de zafarse, grita y advierte de que hay cámaras que lo están grabando todo. La intervención queda registrada por los móviles de algunos curiosos que se asoman desde el exterior, por al menos dos cámaras instaladas en el local y por las dos cámaras de los policías, que se activan cuando una táser entra en funcionamiento. Precisamente estas dos se desactivan simultáneamente, justo después de que se produzca este diálogo: - “Esto ¿cómo se para de grabar? ¿Dándole o cómo es?”. - “Le doy yo. Le doy yo que, que el mío no… el mío no graba jaja, ¿le quieres dar o qué?” -“El tuyo está grabando, mira la cámara encendida”. A la espera de la autopsia El Gobierno asegura en su respuesta que todos los agentes reciben formación relativa al uso de la pistola inmovilizadora durante los cursos de ingreso en la Policía Nacional, centrándose en el marco normativo, sus características y las circunstancias que habilitan su uso. Además, los habilitados reciben una instrucción sobre aspectos prácticos del táser. La respuesta añade que la intervención con personas “que presentan un cuadro de delirio agitado” también se aborda en los cursos de ingreso desde un punto de vista práctico. La pregunta de los diputados de Sumar no aludía al “delirio agitado”, pero la respuesta del Ministerio sí lo menciona. Se trata de un estado de agitación física y psicológica asociada al consumo de drogas, cuya caracterización cuestionan algunos especialistas y entidades de derechos humanos por el uso abusivo en muertes durante intervenciones policiales. En el caso de la muerte de Haitam, la jueza aún no ha recibido el informe final de autopsia, pendiente del informe toxicológico. Haitam, que sudaba profusamente y estaba alterado, dio a entender que había consumido alguna sustancia estupefaciente. La jueza ha denegado practicar cualquier otra diligencia (como la toma de declaraciones como investigados o testigos a los agentes) hasta recibir el informe completo de la autopsia. Manifestación el próximo sábado Colectivos antirracistas de Málaga han convocado una manifestación contra el “racismo estructural” para el próximo 21 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La marcha tiene su punto de inicio en la Plaza de Capuchinos, frente al antiguo Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga. Según los organizadores, se trata de poner el foco en cuatro pilares donde “el racismo impacta de forma directa sobre la vida y la dignidad”, uno de ellos la “violencia policial”. La marcha rendirá homenaje a Haitam Mejri, Mamouth Bakoum (el vendedor ambulante senegalés ahogado en el Guadalquivir cuando huía de la Policía , en diciembre de 2024), Adberrahim Akhouh ( asfixiado por un agente en Torrejón en junio del año pasado), Mohamadou Diawara (un joven con problemas mentales que entró en una comisaría con un cuchillo, muerto por disparos de un policía local de Monternes del Valles en julio de 2025), y Abdoulie Bah (un gambiano de 19 años que llegó solo a España hace ocho años, cuidaba niños y fue abatido a tiros en el aeropuerto de Gran Canaria el pasado mayo) y Salim Traoré, un temporero maliense muerto a comienzos de febrero por disparos de la Guardia Civil en Huelva .