Alquiler Seguro vuelve a estar en el foco por las prácticas irregulares desplegadas contra sus inquilinos, entre ellas el cobro de los honorarios de inmobiliaria al arrendatario, prohibido por la ley de Vivienda al ser el arrendador el contratante del servicio. La vulneración de la normativa ya costó a la empresa una multa de poco más de 3,6 millones de euros, impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y este miércoles comienza el juicio a raíz de la demanda interpuesta por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. La demanda, referida a hechos de comienzos de 2024, responde a los "honorarios encubiertos y la retención de forma irregular del depósito de la fianza de los alquileres", prácticas que la Secretaría General de Consumo y Juego ya ha considerado que se cometieron. "A pesar de que la ley dice que está prohibido cobrar honorarios, Alquiler Seguro creó una especie de asesoramiento al inquilino que dicen que no es obligatorio, pero siempre se exige", explican un portavoz del sindicato a ElPlural.com, quien apunta que habrá una escalada del conflicto. Este tipo de 'asesoramiento al inquilino' se ofrece como opcional, pero en la práctica, tal y como ha podido comprobar este periódico con un trabajo de campo y recabando testimonios, es obligatorio, dado que sino los postulantes al alquiler suelen ser descartados o relegados en el proceso. Además, el sindicato apunta también a que "retienen de forma irregular el depósito de la fianza de los alquileres"; es decir, si bien un casero puede reclamar una fianza y dos garantías adicionales, los denunciantes acusan a la inmobiliaria de quedarse ilegalmente esos dos meses de garantía adicional. "El inicio del juicio va a suponer que en los próximos meses va a haber una escalada del conflicto contra Alquiler Seguro, sumado a que, gracias a la presión del Sindicato de Inquilinas, Consumo decidió abrir un expediente", trasladan. "Estamos pendiente a que salga la próxima multa por parte del Ministerio por estas prácticas", añaden. Multa de Consumo La resolución sancionadora interpuesta por Consumo a Alquiler fue conocida a finales del pasado año. En ella, el órgano concluyó que la inmobiliaria cometió seis infracciones calificadas como "muy graves" y una como "grave", en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Las infracciones muy graves derivaron en varias sanciones: una multa de 1 millón de euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros y otra de 100.001 euros. Por otro lado, la infracción grave fue castigada con 10.001 euros. En total, 3.600.902 euros por las prácticas fraudulentas detectadas, entre las que fueron destacadas la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que disfraza el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario del inmueble o la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de...