El mapa de la dependencia en España dibuja un contraste claro entre modelos autonómicos. Castilla-La Mancha se sitúa, por tercer año consecutivo, a la cabeza del sistema, mientras otras regiones como la Comunidad de Madrid ni siquiera alcanzan el aprobado, evidenciando las carencias de su modelo. Así lo refleja el último XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, que sitúa a ambas comunidades en extremos opuestos de una misma realidad. Castilla-La Mancha lidera en solitario la clasificación nacional con una puntuación de 8,25 sobre diez, consolidándose como la comunidad autónoma mejor valorada. Un liderazgo que contrasta con la calificación obtenida por el Gobierno del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, que se queda en un 4,5 y que, además, empeora sus resultados respecto a 2024, con un descenso de 1,3 puntos. De los 20 criterios que el Observatorio Estatal analiza en el ránking nacional de atención para la Dependencia, la región castellanomanchega ha obtenido la máxima puntuación en 15 de ellos. Un resultado que, según ha señalado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torrijano, responde a "un sistema sólido, equilibrado y sostenido en el tiempo". No es solo un dato técnico: es la diferencia entre que un derecho llegue a tiempo o llegue tarde Uno de los indicadores más relevantes es la agilidad en la tramitación de expedientes. Castilla-La Mancha registra un tiempo medio de resolución de 165 días, frente a los 341 de la media nacional, lo que supone menos de la mitad. "No es solo un dato técnico; es la diferencia entre que un derecho llegue a tiempo o llegue tarde", ha subrayado la consejera. A este dato se suma la evolución del denominado limbo de la dependencia, que hace referencia a las personas con derecho reconocido pero sin prestación efectiva. En Castilla-La Mancha, esta tasa se sitúa en el 4,1%, muy por debajo del 8,3% nacional, lo que evidencia una mayor capacidad del sistema para transformar el reconocimiento del derecho en atención real. Además, la comunidad mejora también en términos de cobertura, alcanzando 38,76 prestaciones por cada 1.000 habitantes, por encima de la media estatal. Estos resultados contrastan con los de la Comunidad de Madrid, que presenta una menor cobertura y un menor nivel de financiación del sistema. El modelo impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa situándose por debajo de la media nacional en términos de inversión por dependiente, con un gasto de 5.820 euros por persona atendida, frente a los 6.015 euros del conjunto del país. Por el contrario, Castilla-La Mancha supera ampliamente estos niveles, con un gasto público por persona dependiente de 6.432 euros, lo que refuerza la capacidad de su sistema para ofrecer una atención más completa. El dato más alarmante es que en 2025 murieron en la Comunidad de Madrid 1.508 personas en lista de espera del sistema de dependencia. De ellas, 41 no habían obtenido aún resolución de grado y 1.467 tenían reconocido el derecho, pero seguían pendientes de recibir una prestación o servicio. Unas cifras que...