La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que un testigo clave dentro del proceso que involucra a Ricardo Roa ha sido amenazado, lo que encendió las alertas dentro del ente investigador. Según explicó la jefa del organismo, se trata de una situación delicada que ya está siendo atendida por el programa de protección de testigos de la Fiscalía. “ Tenemos dos situaciones en dos casos distintos. En el caso de Ricardo Roa tenemos un testigo que es clave para la Fiscalía que ha sido amenazado”, señaló. Camargo detalló que, ante este escenario, se activaron los protocolos correspondientes para evaluar el nivel de riesgo y definir las medidas necesarias. En este momento, las autoridades adelantan un estudio para determinar qué tipo de protección se le debe brindar a esta persona , cuya declaración es considerada fundamental dentro del proceso. Lea también: ¿Oídos sordos? Junta directiva de Ecopetrol deja pasar otro escándalo de Ricardo Roa Aunque la fiscal no precisó a cuál de los procesos corresponde la amenaza, Roa actualmente enfrenta dos frentes judiciales. El primero está relacionado con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, de la cual fue gerente. El segundo, y más reciente, tiene que ver con un presunto tráfico de influencias para la compra de un apartamento en Bogotá en condiciones al parecer irregulares. Este último caso ha tomado fuerza en los últimos días, especialmente luego de que se conociera que uno de los mencionados en el proceso denunció posibles seguimientos irregulares. Se trata de Luis Enrique Rojas, exdirectivo de Hocol, filial de Ecopetrol, quien pidió a la Fiscalía investigar quién habría ordenado que miembros de su esquema de seguridad entregaran información en tiempo real sobre sus movimientos, reuniones y contactos. Rojas, según reveló El Tiempo, entregó un video en el que se observa cómo varios hombres interceptan su camioneta y huyen al notar que él no se encontraba en el vehículo. El nombre de Rojas es clave en la investigación por el supuesto tráfico de influencias. De acuerdo con la Fiscalía, el caso gira en torno a presiones que habría recibido cuando era presidente de Hocol para favorecer la asignación de un proyecto gasífero a un empresario cercano a Roa. En la imputación de cargos, la Fiscalía reveló que Roa habría intentado influir para que el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG quedara en manos de una empresa vinculada a Juan Guillermo Mancera , quien además aparece como intermediario en la compra de un apartamento por parte del hoy presidente de Ecopetrol. La hipótesis de la Fiscalía es que detrás de esta operación habría existido un beneficio personal. El ente acusador sostiene que Roa adquirió el apartamento 901 del edificio Entre Parques por 1.800 millones de pesos, pese a que su valor comercial rondaba los 2.727 millones . Es decir, lo habría comprado con un descuento cercano al 34%, equivalente a unos 927 millones de pesos. Para la Fiscalía, ese beneficio económico estaría ligado al supuesto intento de favorecer al empresario en la adjudicación de un contrato energético. En esa operación, Mancera habría actuado como intermediario y facilitador del pago, incluso con condiciones favorables como cuotas sin intereses. Desde la Fiscalía insisten en que garantizar la seguridad de quienes colaboran con la justicia es fundamental para evitar interferencias en las investigaciones. Por ahora, el ente investigador avanza en la evaluación del riesgo y en la definición de medidas de protección, mientras los dos procesos contra Roa continúan su curso.