Para los jueces y fiscales que convocaron una huelga ilegal el pasado julio para protestar contra el proyecto de ley que democratiza el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal , el centro público para opositores que crea la reforma en el seno del Ministerio de Presidencia y Justicia supone "un coladero" con el que el Gobierno socialista intentará introducir a jueces y fiscales afines en un estamento muy conservador. La falta de apoyo parlamentario del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha paralizado la tramitación de la norma en el Congreso, pero el departamento de Félix Bolaños ya ha transformado su Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en una institución de capacitación con 46 preparadores en nómina –todos jueces y fiscales de carrera y en ejercicio– que auxiliarán este mismo año a 100 aspirantes a lograr su plaza en cualquiera de esos cuerpos. Se trata de un centenar de beneficiarios de las becas Seré del ministerio para facilitar el acceso de los candidatos de economías más modestas. Esas ayudas tienen, en el caso de jueces y fiscales, dos modalidades. La primera es la entrega de una cantidad –hasta 12.000 euros anuales– para seguir el sistema de preparación tradicional, con un juez o fiscal que actúe como preparador privado o matriculándose en una academia particular. En el segundo, parte de esa prestación económica se entrega "en especie" mediante la formación recibida en el CEJ por preparadores reclutados por esta institución que actúan bajo su propio plan de estudios. Sea cual sea la modalidad elegida, tanto las pruebas de acceso como el tribunal de la oposición serán los mismos para todos los candidatos, así que la posibilidad que airea la derecha judicial de seleccionar aspirantes por su ideología no tiene base. Para ello, la dirección del Centro de Estudios Jurídicos, que tradicionalmente se encargaba de la formación inicial de fiscales –no de jueces, que van a la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, letrados de la administración de justicia (anteriormente conocidos como secretarios judiciales) y abogados del Estado, inició el pasado julio un "proceso de selección de docentes para la preparación de las oposiciones de acceso a las carreras judicial y fiscal" . Para optar a una de esas plazas se necesita ser juez o fiscal en activo. Los candidatos son elegidos en función de criterios objetivos como los años de experiencia anterior como preparadores; su participación en cursos, jornadas, ponencias o seminarios en centros oficiales de formación en derecho y su antigüedad en la carrera judicial o fiscal. Cada docente seleccionado de ese modo prepara a un máximo de cuatro aspirantes becados, a los que podrá asistir de forma presencial, telemática o híbrida. El servicio se presta al CEJ y es este organismo ministerial –y no los opositores, como hasta ahora– el que les abona sus retribuciones . Por cada uno de los becarios postulantes a juez o fiscal, los docentes, que compatibilizan esta actividad con el ejercicio jurisdiccional, cobran 300 euros al mes y, en caso de auxiliar en sus estudios a más de uno tendrán que pedir al CGPJ o la Fiscalía General la compatibilidad para realizar labores de preparación por más de 75 horas anuales . Entre los docentes seleccionados, nueve tienen su destino en Madrid, once en diversas provincias andaluzas, dos en Castilla y León, cinco en Galicia, dos en Euskadi, dos en la Comunitat Valenciana, dos en Cataluña, otros dos en Canarias, uno en Asturias, dos en Cantabria, dos en Extremadura, uno en Illes Balears y otro en Murcia. Cuando la preparación sea presencial o híbrida, se realizará "en los espacios que se asignen por el CEJ en cada punto geográfico ". Constará de dos sesiones semanales de al menos 30 minutos. Docentes y alumnos podrán utilizar la plataforma de formación del CEJ , así como acceder a la biblioteca virtual y a sus bases de datos jurídicas. El centro también puede impartir un taller de técnicas de comunicación oral y otro sobre gestión del estrés . Los preparadores se encargarán de planificar el contenido de las sesiones, guiar la preparación de los exámenes, realizar un seguimiento de cada uno de los becarios a los que asisten, informar al CEJ de la evolución de cada alumno trimestralmente y participar en las sesiones "formativas y de coordinación" que determine el centro. La disposición del proceso de selección de preparadores plantea, incluso, la posibilidad futura de "exámenes sobre lenguas extranjeras" , que no corresponderían a estos profesores. Estas nuevas funciones, ya creadas por el Ministerio a través de diversas órdenes ministeriales, adquirirán rango legal en caso de que la reforma del sistema de acceso salga adelante en las Cortes. El Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento del las Carreras Judicial y Fiscal busca con estas nuevas atribuciones del CEJ para gestionar las becas y preparar oposiciones garantizar "la eliminación de cualquier barrera socioeconómica que afecte a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y limite el acceso a estos cuerpos" a personas "que no cuenten con medios suficientes para ello" . La preparación de estos exámenes de acceso dura de media unos cinco años de dedicación exclusiva, lo que impide de hecho obtener ingresos y dificulta el proceso a las franjas menos favorecidas. El centro aspira a complementar la oferta privada y aportará a la preparación "altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia".