El eco del conflicto en Irán ya resuena en el bolsillo de los viajeros canarios. La escalada de tensión ha provocado un incremento en el precio del petróleo que amenaza con encarecer de forma inminente los billetes de avión. Algunas aerolíneas ya contemplan una subida de entre el 8 % y el 9 % en sus tarifas, un golpe que afecta a todos los pasajeros pero que resulta especialmente crítico para los miles de canarios que residen en la península sin poder disfrutar del descuento de residente. En este contexto, la asociación Canarios Sin Alas ha intensificado su lucha y ha remitido  a todos los grupos del Parlamento de Canarias una propuesta para blindar la conectividad: declarar las rutas aéreas entre Canarias y la península como Obligación de Servicio Público (OSP). La petición no es nueva, pero la coyuntura actual le ha conferido un carácter de urgencia. La iniciativa, bajo el lema "Canarias no puede quedarse sin alas", busca que el Parlamento de Canarias inste formalmente al Gobierno de España a estudiar esta medida y defenderla ante la Comisión Europea. Según ha explicado Noelia Hernández, miembro de la junta directiva de Canarios Sin Alas, en Herrera en COPE Tenerife,  la declaración de OSP "significaría para todos los miles de residentes que somos canarios y vivimos en la península una regulación de precio o un tope de precios para los vuelos hacia Canarias". El objetivo es claro: garantizar que puedan "volver a nuestra tierra, a estar con nuestra familia" y que las nuevas generaciones no pierdan el vínculo con sus raíces. El problema, subraya Hernández, es que el desarraigo se está convirtiendo en una dolorosa realidad por motivos puramente económicos. La inminente subida de precios agrava una situación ya insostenible para muchos. "Imagínate ahora que van a subir todavía más los precios, no se puede asumir ningún tipo de billete, ya no te digo para Navidad o para verano, que ya eso lo dejamos por imposible, sino para un fallecimiento de un familiar o una enfermedad grave", añade. La lucha de los 'Canarios sin Alas' está tejida de historias personales que reflejan la crudeza de la situación. Noelia Hernández comparte su propio caso como un ejemplo paradigmático del drama que viven miles de familias. "Llevo desde el 2019 sin poder ir a pasar la Nochebuena con mi familia", confiesa. Al estar casada y con dos hijos, el coste de los billetes para cuatro personas en fechas señaladas se vuelve prohibitivo. "Es imposible. Se te va a 1.000 euros perfectamente", calcula, admitiendo que incluso podría quedarse corta. La consecuencia es la renuncia: "Como no lo puedo asumir, no voy". Las situaciones de emergencia son las más sangrantes. Hernández recuerda el trance más duro al que se enfrentó: "Falleció mi padre, y tuve que gastarme 800 euros para poder enterrarle". Esta falta de flexibilidad obliga a los viajeros a planificar sus visitas con una rigidez absoluta, sin poder responder a imprevistos familiares. "No podemos elegir, vamos cuando podemos, y perdiendo días de vacaciones", relata. El impacto emocional es inmenso y se extiende a las generaciones más jóvenes. "Mi hijo, que tiene 5 años y medio, ha visto a su abuela creo que 4 veces", afirma con dureza. "Es muy fuerte, es muy duro. Están perdiendo el arraigo también". La desesperación ha llevado a muchos a realizar auténticas proezas para poder volver a casa. Hernández habla de compañeros que se someten a "verdaderos maratones" para encontrar tarifas asequibles, encadenando vuelos a horas intempestivas. "He visto a amigos hacer un Madrid-Valencia primero, para poder viajar a las islas, por supuesto con Ryanair, por supuesto a las 6 de la mañana, la vuelta a las 12 de la noche... Parece tercermundista", sentencia. Una de las mayores frustraciones para este colectivo es el agravio comparativo que sufren. Como señala Hernández, la situación es paradójica: "Cualquier peninsular que viva en las islas y se pueda empadronar, tiene mucha facilidad de volver a la península a visitar a su familia, porque ya es residente canario". Un beneficio que se les niega a ellos, canarios de origen, por el mero hecho de residir en territorio peninsular. "Queremos lo mismo para nosotros", reivindica con rotundidad. "Aspiramos a que podamos tener el mismo derecho que tienen esas personas". A pesar de la claridad de sus demandas, la asociación se ha topado repetidamente con un muro de inacción política. "Nos escuchan, es verdad que nos escuchan, pero no se lleva nada a cabo. Nos reciben, nos hemos dirigido a todos los partidos políticos, hablamos con todos, sin excepción", explica Hernández. Sin embargo, la receptividad inicial se desvanece con el tiempo. "Al principio todo son buenas maneras, pero al final todas las peticiones se quedan en los cajones de los partidos políticos", critica, apuntando a un patrón que se repite: "Cuando vienen épocas electorales, pues, todos son reuniones y buenas palabras, y después todo se queda en un cajón".