El Tribunal Constitucional ha acordado mantener la suspensión de la Ley 2/2025 de la Región de Murcia, la reforma impulsada para eliminar la financiación nominativa y directa a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas por su labor de participación institucional. El auto, fechado el 11 de marzo de 2026, concluye que levantar ahora esa suspensión causaría perjuicios graves tanto al interés general como a los intereses de terceros.