La Policía Nacional ha desmantelado una red de explotación sexual que obligaba a 15 mujeres a prostituirse en un chalé de lujo en la zona de Arturo Soria, en Madrid. La investigación, bautizada como 'Operación Socavón', ha destapado que muchos de los clientes eran menores de edad. Los agentes calculan que la organización criminal obtuvo unos beneficios superiores al millón de euros en un solo año de actividad. Las mujeres, todas de origen sudamericano, vivían en "un régimen de auténtica esclavitud", según los investigadores. Estaban hacinadas en el sótano de la vivienda, un espacio con literas, un baño precario y dos pequeños ventanucos con rejas como única ventilación, lo que suponía un grave riesgo en caso de incendio. No podían salir del chalé y se les había retirado su documentación. La organización las sometía a un control férreo las 24 horas del día. Disponían de una alarma que las obligaba a subir al salón de inmediato ante la llegada de un cliente, incluso si estaban comiendo. Se les imponían multas de hasta 100 euros por normas como "sentarse en un sofá sin ropa interior" o negarse a mantener relaciones con un menor. Las víctimas acumulaban una deuda inicial de entre 4.000 y 5.000 euros que nunca lograban saldar debido a las constantes sanciones, perpetuando su explotación. Las mujeres "debían estar dispuestas para ser sometidas a todo tipo de vejaciones las 24 horas del día, no había posibilidad de descanso", explican fuentes de la investigación. En ningún caso podían negarse a realizar ninguna práctica sexual. La red estaba liderada por un matrimonio, una mujer colombiana y un hombre ecuatoriano, que gestionaban un negocio que llevaba 11 años en funcionamiento. La policía ha detenido a seis personas, incluidos los líderes, que han ingresado en prisión acusados de prostitución coactiva, organización criminal, tráfico de drogas y corrupción de menores. También se arrestó a las "mamis", encargadas de la contabilidad y el control de las mujeres en turnos de 12 horas. Las víctimas eran captadas en sus países de origen a través de Facebook e Instagram con falsas ofertas de trabajo como empleadas de limpieza. Una vez en España, se les hacía firmar contratos ficticios con cláusulas de exclusividad y cesión de imagen para aumentar su vulnerabilidad. La investigación se inició gracias a la denuncia de una testigo protegido que había pasado por el chalé. A raíz de su testimonio, la policía pudo localizar la página web que usaba la trama para publicitar los servicios. De las 15 mujeres liberadas, solo ocho han denunciado por el momento, probablemente por miedo a represalias. Este caso pone de manifiesto la grave situación de la prostitución en España, país que lidera el consumo en Europa, con un 39% de hombres que admiten haber pagado por sexo. El negocio se ha trasladado de los clubes a pisos particulares y turísticos, lo que dificulta enormemente la labor policial. Según los datos, la prostitución aporta el 0,35% del PIB español, lo que equivale a unos 4.000 millones de euros anuales.