La magistrada pidió a la empresa pública que preavisara con 15 días cuando fuese a intervenir en zonas cercanas al lugar del accidente Personal del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) llegó a realizar las tareas de mantenimiento de la red ferroviaria en el tramo de Adamuz la noche del día 3 al 4 de marzo, “consistentes en el cambio de una sección de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 (sentido Madrid)”, a “más de un kilómetro” del lugar donde el 18 de enero se produjo el accidente ferroviario entre el Iryo y el Alvia, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos, todo ello pese a que el día 4 de marzo la jueza requirió a Adif que se abstenga de realizar tareas que afecten a dicho tramo, sin preaviso de 15 días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización a previa autorización judicial. Al respecto, fuentes del Ministerio de Fomento han confirmado que “los trabajos sí se hicieron”, concretamente “el cambio de un cupón de carril”, como se le notificó a la jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, y que la semana pasada ha requerido a Adif para que informara si las actuaciones de mantenimiento que iba a realizar “fueron o no ejecutadas, y para el caso de haber sido ejecutadas informe en qué consistieron los trabajos y si existió o no acopio y/o retirada de material, lugar de ubicación/depósito y actuaciones realizadas sobre el mismo”. En este sentido, desde Adif notificaron a la jueza el día 2 de marzo que eran tareas a desarrollar “en una zona próxima al área del Puesto Banalizado de Adamuz”, a la vez que señalaron que “el carril que se retire quedará debidamente custodiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos a disposición de cualquier autoridad o investigación que lo pueda requerir”. Como respuesta a dicha notificación, la jueza realizó el citado requerimiento a Adif y la semana pasada le preguntó por dichos trabajos en una providencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), respondiendo a una petición de Adif para que aclarara la delimitación territorial del “tramo de Adamuz”, así como el concepto de “tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria”. En este caso, la jueza indica, coincidiendo con el informe de la Fiscalía, que la delimitación territorial del “tramo de Adamuz” se “hace extensivo desde el punto kilométrico 321,098 al 315,974”. Además, explica que las tareas de mantenimiento deben entenderse como “toda actuación que implique intervención y/o alteración material sobre instalaciones o cualquier elemento material de la vía, quedando excluidas actuaciones de control, vigilancia y supervisión que resulten necesarias para garantizar la seguridad de circulación ferroviaria que no impliquen intervención material”. También, asevera que el preaviso de 15 días y la previa autorización judicial “no serán necesarios para actuaciones cuya ejecución requieran 'intervención inmediata por motivos de seguridad', cuya naturaleza impida cumplir con el plazo de preaviso, sin perjuicio de que se deberá de dar inmediata cuenta al órgano judicial, así como de los motivos que hubieran impedido en su caso la notificación previa”. Al hilo de ello, el fiscal Alejandro Izuel expone en un escrito al juzgado que “dadas las circunstancias de los hechos objeto de investigación no puede descartarse de manera absoluta la necesidad de practicar en el futuro alguna diligencia sobre el terreno”. Señala que “esta circunstancia impone la necesidad de que por la Sección 2 del Tribunal de Instancia se tenga conocimiento actualizado de cualquier cuestión que pueda afectar a dicho terreno”. Ante ello, remarca que “para que ese objetivo pueda cumplirse de manera razonable es procedente que Adif como administrador de la infraestructura ponga en conocimiento con antelación suficiente del Tribunal de Instancia cualquier actuación sobre la infraestructura que suponga alteración material de elementos que componen la estructura en el marco de una delimitación espacial razonable”. Por tanto, considera que “en lo que se refiere al alcance del concepto 'tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria', es razonable requerir por el Tribunal de Instancia un preaviso por parte de Adif de toda actuación sobre la línea férrea siempre que se trate de una actuación que suponga una alteración de los elementos materiales de la vía que la componen”. En cuanto a la delimitación territorial del tramo, el Ministerio Público ve “prudente que la necesidad de comunicación abarque desde el punto kilométrico 321,098 al 315,974, teniendo en cuenta que presumiblemente la rotura de la soldadura desencadenante del siniestro se encuentra en el punto kilométrico 318,681”. 15 días de antelación Respecto a los tiempos de preaviso, el fiscal cree que “es prudente solicitar un preaviso que permita tener conocimiento previo de la instructora con carácter previo suficiente a la realización de los trabajos como para que pueda ilustrarse y valorar la oportunidad de adoptar o no medidas de conservación adecuadas”. Así, considera “adecuado el preaviso acordado en providencia de 5 de marzo de 15 días sin perjuicio de que, por razones de urgencia vinculadas a la seguridad y funcionamiento de la vía, sea necesaria actuación inmediata sobre la infraestructura que impida el cumplimiento del plazo anterior, de lo que se deberá dar inmediata cuenta al Tribunal de Instancia, así como de las razones que pudieran haber impedido en su caso la notificación previa a la actuación”. Material retirado Además, el requerimiento de la jueza del día 4 de marzo se produjo después de que el día 10 de febrero requiriera a Adif de que se abstuviera de “realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa” sobre el siniestro ferroviario. Así lo expuso la instructora en una providencia, después de que la Guardia Civil le avisara días antes en un oficio de que personal de Adif se llevó material de la zona en la madrugada cuatro días después del suceso, ocurrido el domingo 18 de enero, y practicó distintas pruebas “sin advertirlo, ni solicitarlo”. En este sentido, la jueza pidió a Adif que se abstuviera de practicar “cualquier prueba sobre el material extraído, si no es previa autorización judicial”, a la vez que le pidió “la restitución inmediata del material que obre en su poder, todo ello bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal que resultara procedente”. La decisión de Adif Mientras, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reconoció que Adif cometió el error de no comunicar inmediatamente a la Justicia que retiró material, aunque aseguró que “no existe ningún elemento que permita deducir que se han sustraído pruebas al margen de la Justicia”. Así, Puente explicó que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se retiró del lugar del accidente el 21 de enero, tres días después, al constatar que no tenía nada más que hacer, y así se lo comunicó la CIAF a Adif, que es el que le proporcionaba las pruebas y material cuando pedía. Asimismo, la Guardia Civil hizo lo mismo el 22 de enero, cuando también comunicó que no tenía más pruebas que retirar. Todo ello motivó la decisión de Adif de llevarse el material que iba a ser desechado, que se encontraba a más de cien metros del lugar del accidente, en el caso del más cercano, y a más de 300, el más lejano. “Adif hizo acopio de las pruebas que tanto la Guardia Civil como la CIAF descartaron, ya que tiene la obligación legal de hacer su propio informe”, afirmó el ministro, quien agregó que “lo hizo para comparar otras soldaduras no involucradas en el accidente, que fueron documentadas y custodiadas”. Puente comentó que se hicieron diagnósticos de dureza, para comparar y corroborar que se ajustaba a la normativa exigida.