El Gobierno tiene demasiados platos girando en el aire y ha conseguido parar uno trascendental sin que caiga y se rompa. El acuerdo entre el PSC y ERC para retirar los presupuestos catalanes ante la derrota cierta a la que se enfrentaba Salvador Illa se percibe como una «buena noticia» en Madrid. Han salvado un 'match ball' que tenía implicaciones mucho más allá de Cataluña o del debilitamiento de uno de los perfiles con más caudal político y proyección dentro del socialismo. Implicaciones, sobre todo, electorales. Cualquier extremo que se pactase con los republicanos iba a tener un impacto directo en las aspiraciones del PSOE en Andalucía, donde quien encabeza el cartel de los socialistas es la también ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El contexto es ya de por sí difícil en este territorio y en Moncloa no iban a complicarlo todavía más con una nueva cesión a sus socios que perjudicase sus expectativas. La negativa del Gobierno a avanzar en lo que demandaban desde Cataluña ha forzado al presidente de la Generalitat a retirar el órdago que había lanzado. No tenía una buena mano de cartas para mantenerlo. De este modo, Illa y Junqueras se dan más tiempo y preservan la relación. Dejan que el balón siga rodando y lo despejan hasta salvar la siguiente meta volante en las urnas, la que tiene una mayor carga de profundidad para el Gobierno, porque es en la que se mide el perfil más vinculado a Pedro Sánchez de todos los que se someten a escrutinio electoral en este ciclo de 2026. También desactivan la posibilidad de un adelanto electoral, una eventualidad que se había alimentado en los mentideros políticos, pero que nunca estuvo en la hoja de ruta ni del Gobierno ni de la Generalitat. La pretensión de una cesión de la gestión del IRPF es inasumible para el Gobierno en este momento, pero sobre todo para una Montero que tendría que hacer campaña con otra piedra en la mochila. La vicepresidenta primera ya tendrá que lidiar con el pesado lastre del nuevo modelo de financiación autonómico, cuyo anuncio se permitió capitalizar políticamente Oriol Junqueras a las puertas de La Moncloa, tras una reunión con el presidente. La ministra de Hacienda era reacia a desbloquear esta cuestión en la antesala de sus comicios, pero fue una instrucción directa del propio Sánchez y, de hecho, se diseñó con un saldo muy positivo para Andalucía -que será la comunidad que más ingrese: 4.846 millones de euros adicionales-. De esta manera, le permitía salvar la cara en su territorio. Ahora, Montero podrá abandonar el Gobierno aguantando la posición, sin claudicar ni haberse movido un milímetro de su negativa a ceder la gestión del IRPF, mientras Junqueras abre ya la puerta a que esta cuestión no sea finalmente una condición 'sine qua non' para avalar las cuentas catalanas. Fuentes gubernamentales tratan de circunscribir los términos del acuerdo a la Generalitat, queriéndose desvincular de la negociación, pero reconocen que se trata de una «buena solución a un problema». «Somos socios, entendámonos», resuelven las citadas fuentes, poniendo en valor que ambas partes han encontrado «una vía intermedia» en la que «nadie pierde». En el Ejecutivo central creen que es un fiel reflejo de la manera en la que hay que entender las relaciones actuales en política, sin dar ninguna batalla por perdida. La batalla que sí dan por perdida de antemano en Moncloa es la de las elecciones andaluzas. Las perspectivas son muy negativas y las encuestas arrojan un horizonte demoledor: la posibilidad de que Montero rompa el suelo histórico que ya marcó Juan Espadas en 2022. Andalucía tiene más que un valor simbólico, por lo que ha representado como histórico pulmón del socialismo, también es clave de cara a las generales. El feudo andaluz es la región que más escaños reparte en el Congreso (61) y, de cara a las generales, Sánchez necesita mantener el tipo en este territorio si quiere resistir con el grueso de la representación que tiene en la actualidad. En el entorno de Montero ubican hacia finales de mayo el horizonte de la convocatoria electoral en Andalucía, lo que acorta los plazos y obligaría a la vicepresidenta primera a abandonar el Gobierno a la vuelta de Semana Santa. Estos plazos no operan, sin embargo, para su presencia en el Congreso de los Diputados. Tal como adelantara ABC , la intención de la candidata es mantener su escaño hasta conocer el resultado de las urnas. Legalmente no tiene obligación de renunciar a él mientras no recoja su acta como diputada autonómica y Montero va a apurar al máximo todo el margen temporal del que dispone. En su entorno aseguran que su intención no es quedarse en Madrid, sino que necesita retener el cargo público que ostenta para poder mantener la reserva de plaza como funcionaria en el Virgen del Rocío. La vicepresidenta primera es uno de los tres únicos miembros del Ejecutivo –junto al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente–, además del propio Sánchez, que siguen engrosando las filas de la bancada socialista. El resto renunciaron masivamente a sus actas tras las elecciones del 23 de julio para centrarse en sus labores en el Gobierno.