Las organizaciones agrarias y el sector arrocero de Extremadura han convocado un acto de protesta este viernes, 20 de marzo, a las 11:00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz. El objetivo es defender la viabilidad del cultivo y reclamar medidas de apoyo urgentes ante una situación que califican de crítica. La voz de alarma la ha dado Herminio Íñiguez, presidente de AGRYGA, una de las asociaciones convocantes, quien asegura que la situación es límite. "La realidad del cultivo del arroz en Extremadura es que está en peligro de muerte ahora mismo", ha afirmado Íñiguez, apuntando a una "mala gestión política" como una de las causas principales. El problema de fondo, según el sector, es la entrada masiva de arroz de terceros países a precios con los que es imposible competir. Esta situación se ha agravado tras finalizar la cláusula de salvaguarda (2019-2022), que ponía un freno a las importaciones. Si durante ese periodo entraron unas 210.000 toneladas, solo en 2024 la cifra ya ha ascendido a 363.000 toneladas, principalmente de países como Myanmar, Vietnam o Tailandia. La diferencia en los costes de producción es abismal: producir una tonelada en la UE cuesta unos 1.050 euros, mientras que el arroz asiático llega por 330 euros gracias a normativas medioambientales y sociales mucho más laxas. Como consecuencia, el precio del arroz en Extremadura ha caído un 35% en la última campaña, según datos del Ministerio de Agricultura. Las consecuencias de esta falta de rentabilidad ya son palpables. En la última década, la superficie de cultivo de arroz en Extremadura ha descendido de 26.000 a 19.000 hectáreas. Muchas de estas tierras se están reconvirtiendo a cultivos leñosos como el olivo o el almendro, una tendencia que, según Íñiguez, podría desestabilizar también estos mercados por un exceso de oferta a medio plazo. El presidente de AGRYGA señala que, a diferencia del tomate, donde sí ha habido una mayor especialización y desarrollo de variedades, en el arroz ha existido cierta "dejadez de cooperativas, agricultores y administración". Considera que ahora el sector está "pagando esa comodidad", ya que ni con una buena cosecha se logra cubrir los costes de producción. Finalmente, el sector denuncia la incoherencia de la política europea. Se imponen duras restricciones en el uso de fitosanitarios para garantizar la seguridad alimentaria, lo que encarece la producción, pero al mismo tiempo se permite la entrada de productos de fuera que no cumplen esas mismas exigencias. "No entendemos cómo Europa es tan restrictiva con nuestras condiciones y luego es tan permisiva con lo que entra de otros países", lamenta Íñiguez. Esta desigualdad en la competencia se produce incluso dentro de la propia UE. El sector denuncia que países vecinos como Italia o Portugal sí tienen autorizaciones excepcionales para usar ciertos productos para plagas, como ocurre en el tomate, mientras que en España no se aprueban, lo que supone una traba más para la rentabilidad de los agricultores.