El decreto para dar respuesta a las consecuencias económicas provocadas por el ataque ilegal de Estados Unidos (EEUU) e Israel contra Irán verá la luz este viernes. Después de días de negociación con los partidos políticos y los agentes sociales (sindicatos y patronal), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará en escasas horas el escudo, conformado por medidas estructurales y coyunturales, para paliar los efectos que están sufriendo los hogares, con especial incidencia en materia de vivienda, suministro energético y alimentación, y el tejido empresarial, con varios sectores en riesgo. El Ejecutivo ha ido ofreciendo píldoras sobre el carácter que tendrán las medidas. Las ayudas a los sectores afectados (campo, pesca, transporte o industrias más intensivas) por el encarecimiento de los combustibles o de algunas materias primas como los fertilizantes se da por sentado. En sentido contrario, no se esperan medidas generalizadas para toda la población, como el descuento de 20 céntimos por litro de combustible que se aprobó por la guerra de Ucrania. Si bien si se han anunciado "elementos de protección de los más vulnerables, con el refuerzo del escudo social", pero sin dar detalles. No obstante, el foco está puesto en las medidas referidas a la crisis habitacional, ámbito que está generando ficciones y en el que aún así albergan muchas dudas sin resolver. Los conformantes de la coalición no se ponen de acuerdo, siendo Sumar quien busca presionar al PSOE para impulsar abordajes como la moratoria de desahucios o la prórroga de los 600.000 alquileres que se enfrentan a revisión este año, y los diferentes socios del Gobierno presionan en direcciones diferentes, con las izquierdas exigiendo su inclusión y las derechas nacionalistas reclamando obviarlas. Medidas de vivienda Los socialistas temen que la inclusión de medidas centradas en capear los efectos de la crisis en la vivienda termine por tumbar el decreto cuando se enfrente a su convalidación en el Congreso de los Diputados. Algo similar sucedió hace escasos meses, cuando la coalición de Partido Popular (PP), Vox y Junts tumbaron tanto la suspensión de desalojos como la norma que hubiese posibilitado topar precios en situaciones de crisis como las que actualmente se atraviesa. El Gobierno necesita el apoyo de uno de estos grupos, dando por sentado el resto de síes, para certificar el escudo y teme morir de nuevo en la orilla a manos de una derecha a la que solo importa asestar golpes a Moncloa, aunque sea a costa del bienestar económico de la población. El PNV, que dará su aprobación, ha advertido al PSOE en esta línea. "Creemos que si no hay consenso suficiente para incorporar medidas de vivienda es mejor no jugar", advertía su portavoz, Maribel Vaquero, asegurando que sería "jugar a la ruleta rusa". El PP, como se esperaba, ya ha anunciado que votará en contra, como ha hecho en todas las votaciones de medidas excepcionales contra las crisis de los últimos años, en caso de que se incluyan medidas de vivienda. La excusa, en esta ocasión, es que aspectos como prorrogar...