Este 14 de marzo, la senadora y jefa de debate de Iván Cepeda , María José Pizarro , se refirió a que, si el Congreso de la República aprueba las reformas sociales que viene planteando el petrismo, no se necesitaría una Asamblea Nacional Constituyente . “Si logramos avanzar, se daría ese escenario, si los colombianos ven cómo hay una materialización de sus derechos , si se avanza en una reforma política -hoy más urgente que nunca, después de lo sucedido en estas elecciones- así como una reforma electoral, estaríamos ante un escenario diferente”, dijo Pizarro , respondiendo a la convocatoria del mecanismo. Le puede interesar: Ni escribiéndolas sobre mármol: las promesas que Petro incumplió Sus palabras reviven una de las grandes paradojas del gobierno Petro : el Congreso sirve cuando aprueba las reformas, pero no cuando se las tumba o hace control político, una de sus principales funciones. Cuando eso ocurre, hay “ bloqueo institucional ” y se “limita la garantía de los derechos fundamentales”. En esa línea pueden venir las declaraciones de la senadora del Pacto Histórico : no es claro cómo el Gobierno y sus bases, según sus intereses políticos, verían la “materialización de derechos”. ¿Solo se verían materializados si las reformas se hacen a su manera, sin llegar a consensos, como han pretendido? Si no se aprueban las reformas porque no tienen el sustento técnico suficiente, como la de Salud , ¿es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente ? Para Yann Basset, PhD en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario, las palabras de Pizarro se enmarcan “exactamente en lo que hicieron con la consulta y la reforma laboral en su momento. La diferencia es que eso no es nada serio porque una Constituyente no es para aprobar reformas sociales. No hay necesidad de una Constituyente para eso”. El experto agregó que “Están presionando, pero es una estrategia que se les puede devolver en contra si el próximo gobierno es de derecha”. El presidente ha logrado imponerse en diferentes ocasiones : si el Congreso no aprueba, pasa un decreto y, por más de que se lo tumben, alcanza a tener efectos en el país. Así fue con una de sus emergencias económicas : el Legislativo no apoyó la ley de Financiamiento que propuso el Gobierno, y Petro sacó un decreto . Ya la Corte dijo que es inconstitucional, pero ese tipo de pronunciamientos suelen tomar semanas, incluso meses. Le puede interesar: Lo que une y divide a Cepeda y Cristo tras su acuerdo político: ¿Se insistirá o no en una Constituyente? Justo el 24 de febrero, a pocos días de las elecciones, el jefe de Estado instó a todo su gabinete a firmar la solicitud para convocar el mecanismo. Esto, luego de que la Registraduría le dio vía libre al comité para recolectar firmas a finales de enero. Vale recordar que una de las promesas de Petro antes de ser elegido era, precisamente, no convocarla. Desde el 2024, ha dicho que las circunstancias son diferentes. El propio Petro ha dicho que no se necesita “cambiar toda la Constitución del 91” y solo “ reponer lo que la oligarquía le quitó ”, pero la convocatoria no deja de ser vista como un riesgo para darle un revolcón radical a la carta política y sacar adelante controvertidas iniciativas que pondrían en riesgo el sistema democrático y la separación de poder. Constitucionalistas consultados por este diario han dicho que analizando un documento para sustentar la convocatoria, tal como lo presentó el Gobierno, Petro “quiere arrasar con todo” y esa gran apuesta se puede traducir en dos frentes. Primero, no solo el contenido del documento y la modificación de pilares fundamentales de la Constitución del 91, sino también utilizar esta propuesta como una plataforma electoral y política para los candidatos del Pacto Histórico, tanto para el Congreso como para la Presidencia. Segundo, también sirve de distractor en momentos en los que el Gobierno está pasando aceite: baja ejecución, no cesan los escándalos en todos los sectores, endeudamiento y la polémica por la declaratoria de emergencia. Como explicó en octubre de 2025 a EL COLOMBIANO el exregistrador Juan Carlos Galindo , “los tiempos no le dan al Gobierno. La insistencia sería netamente política: por un lado, para distraer a la opinión pública de los escándalos y la crítica, y por el otro, como campaña política pensando en 2026”. O también, como dijo el jurista Mauricio Gaona , “cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que quiere, al que hay que cambiar es al presidente, no la Constitución. Después de todo, la Constitución, no la voluntad del presidente, es la norma de normas”. Bloque de preguntas y respuestas