Invertir en la universidad pública no es un gasto. Es una inversión en el futuro. Es apostar por el talento, por la innovación y por la cohesión social. Es garantizar que el hijo de una familia trabajadora tenga las mismas oportunidades que el de una familia acomodada. Por eso, el debate sobre la financiación universitaria no es técnico, es político. Y eso es precisamente lo que está en juego hoy en Madrid bajo el Gobierno de Ayuso: un modelo que impulsa las universidades privadas mientras mantiene infrafinanciadas a las públicas. En realidad, buena parte de los 14.800 millones anunciados por Ayuso para la universidad pública madrileña hasta 2031 no son financiación nueva. Se trata, en gran medida, de la suma acumulada de transferencias ya previstas para pagar nóminas y gastos corrientes. El anuncio del Gobierno de Ayuso presenta estas cifras como un gran refuerzo, pero la financiación nominativa pasará de 1.166 millones a 1.646 millones en 2031, con un incremento progresivo que solo alcanza su máximo en el último año del plan. No es un refuerzo inmediato ni un rescate. Es, en la práctica, un parche. Por eso, lo que Ayuso ha presentado como un "acuerdo histórico" no resuelve el problema estructural de financiación. Lo envuelve en cifras llamativas, lo maquilla políticamente y lo aplaza en el tiempo. La estrategia del Ejecutivo regional encaja con un modelo en el que la universidad pública se mantiene en contención mientras las universidades privadas ganan peso. En porcentaje del PIB, Madrid seguirá moviéndose en torno al 0,45%-0,5%, muy lejos del 1% que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) como objetivo para 2030 y por debajo de la media nacional, situada alrededor del 0,7%. Pese a la capacidad económica de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Ayuso sitúa a la región entre las que menos porcentaje de su riqueza destinan a la universidad pública. Es decir, no es que no haya recursos. Es que la universidad pública no es una prioridad para Ayuso. Para alcanzar el 1% del PIB en 2030 harían falta en torno a 2.700 millones adicionales respecto al presupuesto actual. Lo que plantea el Gobierno regional del PP es solo una fracción de esa cifra, muy lejos de lo necesario para revertir una década de deterioro. Mientras tanto, el crecimiento de las universidades privadas continúa. Mientras tanto, estudiar en una universidad privada en Madrid puede costar entre 8.000 y 20.000 euros al año, dependiendo del grado. En titulaciones como Medicina, el precio puede superar con facilidad los 20.000 euros anuales, sin contar alojamiento, transporte o materiales. ¿Cuántas familias pueden asumir ese coste? Muy pocas. Si se asfixia la universidad pública, si se limitan plazas y se deteriora la calidad por falta de inversión, la alternativa real para miles de jóvenes no será la privada. Será abandonar los estudios, renunciar a una carrera universitaria porque su familia no puede pagarla. Ese riesgo es consecuencia directa del modelo impulsado por el Ejecutivo regional. Ese es el corazón del problema. La...