La mayoría del comité de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio ha comparecido en Bilbao para denunciar públicamente lo que considera una "grave campaña de presión, manipulación y desinformación". El comité ha desmentido con rotundidad el "relato interesado" según el cual el conflicto laboral estaría resuelto gracias a la existencia de personal voluntario para cubrir los despidos, calificándolo de "falso, interesado y profundamente injusto". Zuriñe Miranda, delegada de ELA en Tubos Reunidos de Amurrio, ha afirmado que la decisión empresarial mantiene intacta la "destrucción de 301 puestos de trabajo", el cierre de la acería y la externalización de la logística. Ha aclarado que dentro del supuesto número de voluntarios se incluyen personas con contratos eventuales que, en algunos casos, llevan hasta 12 años en la empresa. "Esas personas no se van voluntariamente, son despedidas", ha sentenciado. Desde el comité se cuestiona de raíz la "supuesta voluntariedad" de las bajas, recordando que esta disposición a abandonar la empresa no existía antes del anuncio del ERE. "Es una decisión forzada, tomada bajo presión, miedo y chantaje organizado por la empresa", ha recalcado la delegada, quien insiste en que el verdadero debate es por qué se deben destruir cientos de empleos. La huelga indefinida, según ha explicado, busca defender el futuro de Tubos Reunidos, un objetivo que consideran inalcanzable con las medidas planteadas. "No se puede hablar de viabilidad cerrando la acería, no se puede hablar de futuro externalizando áreas estratégicas, no se puede hablar de proyecto industrial destruyendo empleo", ha declarado. Por ello, han propuesto retirar el ERE y abrir un "proceso de negociación real" que la empresa ha ignorado. La delegada de ELA también ha criticado el papel de instituciones como el Gobierno Vasco, las diputaciones y partidos como el PNV y el PSOE, acusándolos de reforzar "la estrategia del miedo y el chantaje" en lugar de exigir responsabilidades a la empresa, especialmente cuando hay una inversión de dinero público de por medio. Finalmente, se ha interpelado directamente al BBVA, antiguo accionista principal, para que "asuma su responsabilidad" y aporte soluciones. El comité ha reafirmado que seguirá en la lucha hasta el final, porque "no vamos a aceptar que se destruya empleo mientras se blanquea la responsabilidad de quien ha tomado las decisiones", con el fin de defender la actividad industrial y la dignidad de la plantilla.