La renuncia de la ahora expresidente del Consejo de Ministros Denisse Miralles deja en el limbo la reorganización de Petro-Perú, que ella había promovido a su paso por el MEF con el famoso decreto de urgencia de fin de año. Nunca quiso llamarla “privatización”, aunque haya invocado la ley que autorizó las privatizaciones de fines del siglo pasado y aunque le haya asignado a Proinversión un presupuesto de S/144 millones para gastos relacionados con la reorganización que solo se justifica por las comisiones que habría que pagar a los bancos de inversión para buscar compradores para la empresa, entera o por partes. Les guste o no al Gobierno y al Congreso, la privatización –mayoritaria, si no total– es la única manera de cortar de raíz el financiamiento público de las pérdidas de Petro-Perú.