El 18 de enero quedó marcado para siempre en la vida de José Javier Romero Barba. En una entrevista concedida a COPE Huelva, ha relatado la tragedia que supuso el descarrilamiento del Alvia en Adamuz, donde fallecieron dos de las personas más importantes de su familia: su madre, Manuela Barba, y su tía, Esther Matito. Manuela, madre de dos hijos y abuela de una niña, tenía previsto realizar ese viaje junto a su marido, pero un problema de salud se lo impidió. En el último momento, fue su hermana Esther, que deja un hijo, quien ocupó su lugar en un viaje que se convirtió en una tragedia que golpeó a la familia por partida doble. Meses después, el dolor sigue muy presente. Este viernes, las víctimas del accidente han convocado una manifestación en Huelva para reclamar apoyo y ser escuchadas. "Necesitamos el apoyo de toda la sociedad para que las víctimas tengamos voz y se nos empiece a tratar de verdad como lo que somos", explica José Javier. Sus palabras reflejan la sensación de abandono. Denuncia carencias importantes en la atención psicológica, problemas en la atención médica y en la rehabilitación de los heridos, que no están siendo atendidos con la continuidad necesaria. “La falta de información ha sido muy grande”, añade. “No sabíamos dónde acudir para recibir ayuda psicológica, rehabilitación o asistencia médica. Es una queja generalizada de todos los familiares”. Una noticia ha abierto una puerta a la esperanza en las últimas horas: el reconocimiento del accidente como laboral para las víctimas mortales. Esta medida podría facilitar trámites y ayudas a las familias, algo que José Javier considera fundamental. “Puede ser un cambio importante, siempre que se materialice lo antes posible”, señala. De cara a la manifestación, las expectativas son claras: lograr el respaldo masivo de la ciudadanía. “Es un momento clave para recibir apoyo real de toda la sociedad de Huelva”, afirma, mientras la Asociación de Víctimas ya ha contratado a un abogado con experiencia en grandes accidentes ferroviarios. Más allá de la vía judicial, el mensaje que quiere transmitir es sencillo y contundente: “Necesitamos que se nos dé voz, que se nos escuche y que se nos preste la atención que realmente necesitamos”. Porque detrás de cada cifra hay historias de vidas truncadas y familias que intentan reconstruirse.