El sector del transporte se enfrenta a una situación límite por el continuo encarecimiento del gasoil, que ha subido de precio por encima de la gasolina. Jose Antonio Rámila, de la empresa burgalesa Autocares Rámila, ha explicado la difícil situación que atraviesan, especialmente en los servicios de transporte escolar, y ha confirmado que ya se han dirigido a la Junta de Castilla y León para solicitar medidas que palíen los sobrecostes. José Antonio Rámila ha calificado la propuesta del Gobierno de bajar el IVA de los combustibles al 10% como una "medida extraordinaria para las familias", pero totalmente ineficaz para el sector profesional. "Para las empresas es como el que tiene hambre y se rasca, no le sirve para nada eso, porque nosotros ya desgravamos el IVA", ha señalado. Por ello, insiste en que la solución debe ser diferente para los profesionales: "Para las empresas tiene que ser otra cosa", afirma. La problemática se agrava en los servicios cuyos precios ya están fijados, como ocurre con el transporte escolar. Mientras que en viajes y excursiones es posible repercutir el alza del gasoil en los nuevos presupuestos, en los contratos escolares los precios se fijaron cuando el combustible era mucho más barato, lo que genera grandes pérdidas. La principal demanda del sector es clara: "Tendrán que asumir que tienen que bonificar el gasoil". Jose Antonio Rámila sostiene que, dado que las rutas escolares son fijas y no se pueden alterar, es la administración, a través de la consejería de Educación, quien debe valorar el incremento de costes, que cifra en unos "20 o 25 céntimos por kilómetro", y compensar a las empresas. A través de su asociación (ADIBUR), ya han enviado una carta a la Junta, pero de momento no han obtenido respuesta. Rámila ha concluido con una reflexión crítica hacia la gestión del Gobierno, sugiriendo que el Estado debería conformarse con los impuestos que recaudaba antes de la subida. "Si el estado antes tenía de 1,50 del gasoil que cobraba 70 céntimos de impuestos, pues que siga cobrando los 70 céntimos, pero que perdone el resto", ha sentenciado, y ha añadido que el ejecutivo no debería sacar "beneficio de las desgracias a los demás".