Las consecuencias de la subida del diésel en el campo: "Esto es una barbaridad y nos llevará a la ruina"

COAG y UPA Córdoba lamentan la inacción del Gobierno de España ante unos costes que no paran de subir, sobre todo en los fertilizantes, abonos y carburantes El Ejecutivo ha presentado una serie de ayudas para paliar estos problemas originados por la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán está trayendo consecuencias negativas a todo el planeta. Y España no se está librando de la subida de los precios. Más concretamente, el sistema agrario está atravesando un momento crítico debido, entre otras cosas, al encarecimiento que está sufriendo el gasóleo B, un carburante básico para la producción que, de media, está alcanzando picos de hasta 1,60 euros en la provincia de Córdoba. Esta escalada en los precios coincide con un periodo de intensa actividad para las explotaciones, por lo que estas labores no pueden detenerse pese a la falta de rentabilidad. Más concretamente y para los que no sepan la diferencia entre un carburante u otro, el diésel A se utiliza como combustible para automóviles, el gasóleo B se utiliza para uso agrícola y de calefacción, el C es industrial, pero también se utiliza para calderas. El B está bonificado por el Gobierno de España y tiene un coste más controlado, pero eso no significa que se haya disparado, como se está viendo en los últimos días. Según los datos actuales de las estaciones de servicio en Córdoba que ha podido consultar este periódico, el precio del gasóleo B ha subido significativamente, encontrando puntos donde ya supera los 1,70 euros en localidades como Villaviciosa de Córdoba o Palma del Río. Si bien existen cooperativas con precios ligeramente inferiores, la tendencia general sitúa el carburante en una horquilla de entre 1,40 euros y 1,50 euros. Tractorada de los agricultores por Córdoba Los agricultores y la “especulación salvaje” Cordópolis se ha puesto en contacto con dos de las asociaciones más relevantes en este sentido para el sector agrario. Por un lado, Paco Moreno, secretario general de UPA Córdoba, ha calificado esta situación como una “auténtica barbaridad”. El dirigente ha destacado que este encarecimiento llega en el peor momento posible, cuando los agricultores están “preparando para sembrar, recogiendo todavía aceituna y echando productos”. Según el secretario de UPA, el campo no puede esperar. “Si tienes que sembrar, tienes que sembrar. No puedes decir: ”espero unos días a ver si esto cambia“”. Desde COAG Córdoba, su secretaria principal, Carmen Quintero, ha explicado que esta situación supone un “abuso” y ha denunciado una “especulación salvaje” por parte de las petroleras. La representante de esta asociación ha señalado a este periódico que el precio ha pasado de los 80-85 céntimos a superar los 1,50 euros de forma casi instantánea. “El campo no entiende de guerra”, afirma Quintero, criticando que se trasladen estos sobrecostes a las espaldas de los productores a pesar de que las empresas cuentan con existencias para 92 días compradas a precios anteriores. La rentabilidad de las explotaciones, según el secretario de UPA, está actualmente “cogida con alfileres”. A la subida del diésel se suma el incremento de los fertilizantes, mientras que los precios de los productos que ellos venden, como los cereales o el aceite de oliva, no suben en la misma proporción. Paco Moreno ha advertido de que, si no se toman medidas contundentes, “muchas explotaciones irán a la ruina”. Las medidas del Gobierno de España Por otro lado, y ante la gravedad de los hechos, el Consejo de Ministros ha celebrado este viernes una sesión extraordinaria para aprobar dos reales decretos-ley, uno con el grueso de las medidas fiscales y económicas para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio; y otro específico en materia de vivienda. En lo que respecta a los carburantes, el primer texto contará con el grueso de las medidas fiscales, como la rebaja del IVA al 10% para los combustibles, y un especial refuerzo a los márgenes empresariales para asegurar que el recorte impositivo se traslada al precio final. También medidas de protección a colectivos vulnerables. Por tanto, comienzan las medidas del Ejecutivo ante una situación que genera mucha incertidumbre a los agricultores.