Las formas deslavazadas y la creciente falta de decoro institucional han llegado al mismo corazón del Gobierno, protagonista de una de las escenas más desconcertantes vividas en el Consejo de Ministros . La reunión del Ejecutivo de ayer tuvo que retrasarse dos horas por el desacuerdo entre los socios de la coalición sobre la conveniencia de incluir medidas relativas a la vivienda en un decreto destinado a paliar los efectos de la guerra de Irán. El episodio, más allá de su anécdota, retrata con nitidez el estado de descomposición, no ya política, sino moral, en el que se desenvuelve el actual Gobierno. Muy limitado, el alcance de las medidas económicas ya ofrecía de por sí indicios de una actuación más orientada a la propaganda que a la eficacia. El Ejecutivo ha convertido la acción de gobierno en una representación continua con fines electorales antes que en una herramienta al servicio del ciudadano. A eso estábamos, lamentablemente, acostumbrados. Lo inédito era el grado de desorden y de improvisación exhibido en La Moncloa. Caben dos interpretaciones del bloqueo del Consejo de Ministros, y ambas profundamente preocupantes. La primera apunta a la incapacidad del presidente del Gobierno para sostener siquiera una mínima cohesión interna. Perdida hace tiempo la mayoría de investidura, Pedro Sánchez ni siquiera logra mantener la disciplina en el seno de su Ejecutivo. Cabe preguntarse cómo pretende erigirse en referente internacional frente a la derecha si no es capaz de dirigir con solvencia y disciplina su propia coalición. La debilidad del Gobierno es patente: no hay acuerdos sólidos entre sus socios ni posibilidad real de aprobar los Presupuestos. Resulta inquietante la pretensión de gobernar al margen del Legislativo y, a la vista de lo ocurrido, del propio Consejo de Ministros. El episodio de ayer, sacado de una ópera bufa, constituye una nueva evidencia de que la coalición que gobierna España ha perdido toda consistencia política. La segunda interpretación no es menos inquietante. Cabe la posibilidad de que la formación liderado por Yolanda Díaz haya escenificado deliberadamente el desacuerdo para ganar visibilidad y reforzar su papel como elemento condicionante del Gobierno. Solo así se explicaría la decisión de no sentarse inicialmente en la reunión del Ejecutivo y de transmitir a la opinión pública unas deliberaciones que, por su naturaleza, deberían permanecer en el ámbito de la discreción institucional. La teatralización del conflicto revela hasta qué punto algunos socios de la coalición anteponen sus intereses partidistas a la estabilidad del país. El 'espacio político' que le queda a Sumar parece reducirse al del gesto y la sobreactuación, hasta el punto de utilizar la sede del poder ejecutivo para escenificar un plante institucional que a la postre y tras el desafío se resolvió con la redacción de un segundo decreto, uno de los cuales, abocado al fracaso parlamentario, incluye las demandas populistas sobre vivienda que Yolanda Díaz había esgrimido como línea roja de su particular 'escudo social'. Queda ahora en manos de las Cortes la convalidación de un decreto que, partido en dos, va a volver a poner a prueba la cimentación parlamentaria del Gobierno, cuyo presidente insiste estar al plato y a las tajadas, en un equilibrio ya insostenible. Cuando contentar a unos obliga a traicionar a otros es que las cuentas –aquellas de «somos más»– no salen. El carácter extraordinario del Consejo de Ministros celebrado ayer solo se explica en función de la incoherencia de una estrategia, la de la bajada de impuestos que pedía el PP para evitar que la escalada del precio del combustible disparase la inflación, que el titular de Economía había rechazado hasta hace apenas unos días. El Gobierno va a seguir haciendo caja con los efectos de la guerra de Oriente Próximo, con el barril de petróleo por encima de los 100 dólares, pero al menos renuncia a ingresar unos 5.000 millones de euros, rebajados en la factura del contribuyente a través de la reducción del IVA del gas, la electricidad y los carburantes. En una legislatura vendida por La Moncloa con la etiqueta del éxito económico, lo último que le interesa a Pedro Sánchez es que una escalada inflacionista asfixie a las clases medias, ya castigadas por el coste de la vida y la presión fiscal. Bajar impuestos beneficia a todos, empezando por el Ejecutivo.