España mantiene una deuda con las víctimas del franquismo. Una herida abierta que, poco a poco, se va cerrando, pero sobre la que todavía queda mucho por hacer para curarla del todo. El Gobierno actual de nuestro país ha intensificado sus esfuerzos en esta línea con una Ley de Memoria Democrática que ha supuesto un antes y un después en materia de reparación, pero el camino por recorrer todavía es largo. Esta semana, la Fiscalía concluía una investigación que hablaba muy bien de nuestro país, pero cuyo veredicto dejaba mucho que desear a las distintas asociaciones y a la defensa de la propia víctima que había denunciado, la activista independentista catalana Blanca Serra. El resultado del órgano judicial dejaba un sabor agridulce a las partes -las directas y las indirectas- y más preguntas que respuestas después de un año de análisis en el que una denunciante de las torturas fue por primera vez escuchada. Asimismo, el proceso dispuso de la declaración de varios peritos y documentación de diferentes instituciones. Sin embargo, todo ello derivó en el archivo de la causa. La Fiscalía de Barcelona dispone que, efectivamente, Serra sufrió un delito de torturas perpetrados en un contexto de crímenes contra la humanidad y de "persecución y represión política instaurada por el franquismo" y se refiere así a la dictadura: "Régimen institucionalizado de opresión sistemático y generalizado". A pesar de ello, el motivo que ha dado la jurisprudencia para no imponer ninguna pena es que desconoce quiénes son los agentes de la Brigada Político-Social que perpetraron estos actos, algo incomprensible a ojos de las asociaciones memorialistas y de la defensa de Serra. "La Justicia lleva 50 años sin hacer nada" "No hay voluntad", resume Nera Fulgido, de CEAQUA, respecto de las líneas anteriores. Expresa en declaraciones a ElPlural.com que la Fiscalía "podría acceder a los documentos, pero no lo hace". "No se atreven a cumplir con la Ley de Memoria", refrenda la portavoz. Emilio Silva, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, señala que "todo avance en la justicia es bienvenido tras 50 años de prácticamente no hacer nada", pero lamenta que "ya ha habido otros inicios de procesos que han acabado así". Podrían acceder a los documentos, pero no lo hacen Así, en la misma línea de Fulgido, pone de manifiesto que "no sabemos hasta qué punto la Fiscalía ha buscado documentación o si ésta se encuentra protegida por la Ley de Secretos Oficiales del franquismo". "Es una vergüenza que 50 años después se siga protegiendo a policías franquistas que cobran pensiones especiales incrementadas en un 20% por condecoraciones, como las otorgadas a Martín Villa en 1977", ejemplifica. Asimismo, cita como otros ejemplos a Jesús Muñozca o Billy 'El Niño'; y pone sobre la mesa que varios historiadores se encuentran en una campaña para denunciar las trabas que se dan a la hora de intentar acceder a la documentación. "Es un agujero negro sin catálogos claros", sentencia, añadiendo que esto se mantendrá así, al menos, "mientras...