La guerra de Irán abrió este viernes un nuevo cisma en el Gobierno, que pese a que ya está resuelto y a que apenas duró unas horas, escenificó claramente las posiciones de todos los agentes de la izquierda alrededor de asuntos como la vivienda o los márgenes empresariales. El Consejo de Ministros extraordinario que se celebró para aprobar las medidas contra los efectos de la guerra en Oriente Próximo arrancó con más de dos horas de retraso después de que los ministros de Sumar bloquearan la reunión ante la negativa del PSOE a incluir sus propuestas en el decreto. Las negociaciones entre Sánchez y Díaz continuaron en privado y finalmente se concretaron medidas para ampliar el escudo social. Los magentas sacaron pecho de este logro y el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, respondió a la situación de manera inusual, con una poco acostumbrada apelación a la utilidad y a la moderación después de haber anunciado una charla con la exministra de Igualdad Irene Montero. El decreto aprobado en el cónclave ministerial cuenta, finalmente, con 80 medidas que incluyen un "escudo social", en el que habrá una "reducción drástica de la fiscalidad energética" y el control a los beneficios a las empresas, para el que el Gobierno dará "nuevas capacidades de supervisión y de sanción" a la CNMC: "Se sancionará a quienes busquen beneficio por pura codicia". Ambas entran en vigor este sábado, cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, pero solo el primero se votará en el Congreso el próximo jueves. Los socios de izquierda -Sumar, ERC, BNG y Podemos- exigían que el decreto incluyera medidas en materia de vivienda como la prórroga de los alquileres, además del tope de precios y el control a los beneficios de las empresas a raíz de la guerra, que al principio no fueron contempladas, pero sí tras las negociaciones con Sánchez. Por ello, Sumar presume de haber forzado al Gobierno a "ampliar el escudo social" y califica el acuerdo alcanzado con el PSOE de "más ambicioso y más justo". Esgrimen que el primero de los decretos "contiene las medidas económicas esenciales, la prohibición del despido y el control de márgenes empresariales, para que ninguna gran empresa pueda enriquecerse a costa de esta crisis", y que el segundo decreto "es íntegramente de vivienda". "En 2026 y 2027 vencen más de un millón de contratos de alquiler que afectan a 2,7 millones de personas. El decreto permitirá prorrogar esos contratos en las mismas condiciones para evitar que ninguna familia se enfrente a subidas de hasta 500 euros al mes", secundan los magentas. Los de Díaz apuntan que "están en el Gobierno para esto", para "ir más lejos cuando el momento lo exige", "para que ninguna crisis se convierta en una oportunidad de negocio para los de siempre" y "para proteger a toda la gente trabajadora". Rufián, utilitario y acercándose a Podemos Por su parte, como espectador de lujo de este encontronazo estaba Gabriel Rufián, quien celebró las medidas conseguidas...