No sabemos cuánto va a durar esta guerra, pero sí sabemos quién va a pagar sus consecuencias. Y no serán quienes la provocan. Serán los ciudadanos. Lo ha dicho Pedro Sánchez con claridad: el conflicto puede derivar en una crisis grave, y España no está al margen. El mundo vuelve a llenarse de incertidumbre, y la economía, como siempre, tiembla antes que la política. Los mercados reaccionan, los precios suben y los hogares sienten cada movimiento internacional en sus bolsillos. Ante esta situación, hay dos formas de actuar: mirar hacia otro lado o proteger a la gente. El Gobierno ha elegido la segunda opción, priorizando la seguridad económica y social de los españoles mientras las bombas caen lejos, en un conflicto que no hemos provocado. Decir no a la guerra y sí a proteger a la ciudadanía es el principio que guía cada medida. La guerra es siempre un fracaso. Una guerra ilegal, además, es también una vergüenza. Sánchez lo ha dicho sin rodeos: hay que exigir el cese inmediato del conflicto. No es solo una cuestión diplomática, es una cuestión moral. Cada día que pasa, hay más víctimas inocentes y más tensión en la economía global. Pero junto a esa condena, hay otra realidad que no se puede ignorar. Esta guerra no solo costará vidas, también costará dinero. Mucho dinero. En concreto, 5.000 millones de euros que saldrán del esfuerzo colectivo de los españoles. Dinero que podría ir a becas, a sanidad, a dependencia o a servicios sociales, pero que ahora se destina a amortiguar un golpe que viene de fuera, un golpe que amenaza a familias, empresas y sectores estratégicos de la economía española. Esa es la diferencia entre hacer política o hacer ruido. Mientras algunos líderes, como Feijóo y Abascal, parecen alinearse con la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto cifras y medidas encima de la mesa. El paquete de 80 acciones urgentes no es un conjunto de promesas abstractas, sino un plan real para frenar el impacto de la crisis antes de que sea demasiado tarde, protegiendo a familias y empresas, y fortaleciendo la economía interna frente a la incertidumbre internacional. Este contraste evidencia la diferencia entre quienes priorizan los intereses de otros países y quienes buscan blindar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos españoles. El plan tiene objetivos claros y concretos. En primer lugar, la energía, uno de los puntos más sensibles. La factura de la luz se reducirá hasta un 60% gracias a la bajada del IVA del 21% al 10%. Este no es un detalle menor: es un ahorro que se reflejará en cada recibo y que aliviará directamente la carga económica de millones de hogares. En paralelo, el combustible también se ve beneficiado: los impuestos se reducen al mínimo permitido por la Unión Europea, lo que supone un ahorro de hasta 30 céntimos por litro. Para un coche medio, eso se traduce en unos 20 euros de ahorro por depósito, un dinero...