Desde los escándalos de corrupción que en los noventa pusieron contra las cuerdas al Gobierno de Felipe González, el debate sobre los grupos de presión ha formado parte de manera intermitente de la agenda pública española. Con propuestas de regulación y acusaciones de falta de transparencia por parte del PP cuando gobernaba el PSOE e idénticos argumentos por parte de los socialistas cuando los que estaban en La Moncloa eran los conservadores. El resultado: las pocas iniciativas que han llegado al Congreso para regular la actividad de los grupos de presión nunca llegaron a buen puerto. Ahora, el caso Montoro ha resucitado el debate. De llevarse a cabo la regulación, argumentan los que la invocan estos días, el escándalo que afecta al Ministerio de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy no se hubiese producido. Es verdad que regular los grupos de presión significaría, de llevarse a cabo, establecer un marco legal que garantizase la transparencia, integridad y rendición de cuentas en las relaciones que mantienen los lobbies con los responsables públicos (Gobierno, parlamentos, altos cargos, asesores…). No se trataría de prohibir los intentos de ejercer influencia —que es legítima en democracia—, sino de hacerlos visibles y trazables para dificultar las prácticas corruptas y el tráfico de influencias. Hacerlo, sin embargo, ha sido hasta ahora una tarea imposible en España. Ni el PP ni el PSOE han hecho realidad la regulación de las relaciones del poder con empresas, patronales, ONG, sindicatos, colegios profesionales o cualquier organización o particular que quiera influir en los responsables públicos. Si se hiciese, dispondríamos de un registro obligatorio y público donde debería constar la identidad de cualquier grupo de estas características, así como sus objetivos, clientes, presupuesto y las actividades que realizan. No sería algo original. Pero tampoco borraría la corrupción de un plumazo. En la Unión Europea existe desde 2021 y no ha evitado la aparición de escándalos relacionados con la compra de voluntades de servidores públicos (el más reciente, este mismo año, el que afecta a la empresa china Huawei, que está siendo investigada por pagar supuestamente a eurodiputados para influir en la legislación del Parlamento Europeo). Pero sí la ha hecho más difícil. La legislación sobre lobbies de la Unión Europea establece un marco voluntario, pero cada vez más exigente, que afecta a la Comisión, el Parlamento y el Consejo . En primer lugar, obliga a que la agenda de comisarios, directores generales y eurodiputados sea pública y a que su paso al sector privado (las famosas puertas giratorias) no solamente esté restringido entre dos y tres años, sino que deba evaluarse y pueda ser sometido a veto. No obstante, inscribirse en el registro de grupos de presión ni siquiera es obligatorio en todos los casos: muchas actividades de lobby indirecto, como la redacción de informes o las relaciones públicas, no están completamente reguladas. Los más críticos con la normativa europea señalan la existencia de otros agujeros: faltan sanciones efectivas en el caso de que un lobista mienta o incumpla sus obligaciones; no hay una verdadera “huella legislativa” obligatoria que identifique a todos los actores que han influido en una ley; y faltan controles sobre la actividad de los grupos de presión financieros, tecnológicos y energéticos, que son los más poderosos en Bruselas. Es verdad que ha mejorado la trazabilidad de la toma de decisiones en Bruselas y ha hecho posible conocer el nombre de actores privados y organizaciones que influyen en normativas clave como el Pacto Verde. Pero no hay manera de vigilar qué está pasando cuando se trata de los primeros borradores de las normas o cuando tienen lugar las llamadas negociaciones informales. Al final, la regulación de los lobbies no elimina el riesgo de corrupción asociado con estos grupos. Si España tuviese una legislación en vigor, al nivel de la europea, en esta materia, no hubiese impedido el caso Montoro. Veamos por qué. Si estuviese inscrita en un registro de lobbies , Equipo Económico, la empresa fundada por el exministro que supuestamente hacía de puente con las empresas que pagaban mordidas a cambio de modificaciones legales que les favoreciesen , nunca habría hecho constar que las reformas fiscales se hacían a cambio de dinero que, supuestamente, acabaría llegando a los bolsillos de quienes las impulsaron desde el Gobierno. Se habría limitado a hacer constar que defendía los intereses de determinadas empresas ante la administración. Eso sí: habría llamado la atención de los medios sobre sus actividades, a la vista de que había sido fundada por Montoro. Pero Equipo Económico podría también haber optado por no inscribirse y mantenerse así fuera del foco de periodistas y ONG especializadas en transparencia. Nada le hubiese impedido seguir con sus actividades, supuestamente fraudulentas. En el peor de los casos, al ser descubierta, apenas añadiría un cargo adicional a los muchos delitos que supuestamente ha cometido. Este hecho pone el foco en que, para que una ley de lobbies fuese eficaz, la clave no solo es que esté estructurada, garantice la trazabilidad pública y establezca un régimen riguroso de incompatibilidades, sino que edifique mecanismos de control independiente . Solo así se habría dificultado la operativa que ahora investiga la justicia y que conocemos como caso Montoro. Control independiente significa varias cosas. En primer lugar, supervisión externa a través de una autoridad independiente del Gobierno y del Parlamento como ya existe en otros países, con capacidad sancionadora, recursos suficientes y autonomía funcional. Puede adoptar la forma de una agencia de integridad pública, como las oficinas antifraude, con autoridad para verificar la veracidad y exhaustividad de los datos aportados por los lobistas, auditar las agendas de altos cargos públicos, imponer sanciones reales por incumplimientos y evaluar los conflictos de interés en fichajes y puertas giratorias. Es decir: con capacidad de vigilar de verdad si lo que dicen as autoridades y los grupos de presión es cierto. Su trabajo, para ser eficaz, tiene que poder cruzar datos con el Tribunal de Cuentas y la Agencia Tributaria con el fin de permitir que estos órganos tengan acceso a los datos de relaciones entre lobistas y decisores públicos y así detectar financiaciones irregulares, enriquecimientos injustificados y contrataciones sospechosas. La otra pata de un modelo eficaz de control independiente pasan por dar facilidades a los medios de comunicación y a las ONG especializadas en integridad pública (como Access Info, Transparencia Internacional o la Fundación Civio) para que puedan acceder a los datos sin trabas burocráticas, además de una verdadera protección para los denunciantes, de manera que cualquier empleado público o privado que alerte sobre prácticas indebidas de influencia tenga garantizado el anonimato y disponga de una vía protegida para denunciar. En España, sin embargo, ni PP ni PSOE han tenido hasta ahora verdadero interés en aprobar una legislación así, a pesar de que el tema ha ido y venido en el debate público durante décadas. Muy a menudo, cuando se iniciaba una tramitación, acababa decayendo por la disolución anticipada de las Cortes y no se recuperaba en la legislatura siguiente. En 2014, el PP no lleva buen término su intento por reformar el reglamento del Congreso para incluir un registro de este tipo de grupos de presión. Dos años después, en 2016, el Grupo Mixto presentó una propuesta similar y, aunque dio algunos pasos en el Congreso, la proposición terminó decayendo por la disolución de las Cortes. Hubo otros dos intentos en 2017: uno a iniciativa de Ciudadanos y otro de nuevo del PP Sin éxito. Los pocos avances que se han producido han mostrado enseguida sus limitaciones. En 2020, el Congreso aprobó un código de conducta que obliga a publicar las agendas de reuniones con lobbies , pero en 2023 solo un 10% de los diputados lo cumplía íntegramente, sin que el 90% restante fuese objeto de reproche o castigo alguno. En la actualidad, tanto el Congreso como el Gobierno han reactivado sus esfuerzos. La Cámara Baja ha aprobado un plan para crear un registro obligatorio de lobbies , con definición legal, condiciones de inscripción, trazabilidad de reuniones y normas de conducta. Y, en paralelo, el Gobierno ha reactivado un proyecto de ley que pretende establecer un registro con código de buenas prácticas, sanciones y la exclusión de lobbies que no se registren. Este proyecto ha superado su primer trámite parlamentario tras el rechazo de Vox y la abstención del PP , y ahora debe proseguir su tramitación después del verano. El texto, sin embargo, no prevé sanciones importantes para los grupos de presión que incumplan las normas ni una autoridad de supervisión independiente que vigile su cumplimiento. Sobre este asunto, el PP guarda silencio y no responde a las preguntas de infoLibre . Pero el PSOE, a través de su portavoz, Montse Mínguez, ha dicho: “Vamos a recuperar este tema y lo vamos a llevar al Congreso de los Diputados en cuanto volvamos a empezar el periodo de sesiones, sin ninguna duda”.