En las sociedades democráticas, en las que no solo se acepta sino que se considera positiva la existencia de intereses diversos, tratar de influir en las decisiones del poder político en favor de beneficios propios de tipo colectivo, se considera legítimo. De hecho, que los ciudadanos se organicen para la defensa de sus objetivos es interpretado como muestra de vigor de la sociedad civil y de salud democrática. Y es por ello que desde los inicios del Estado liberal estos grupos de ciudadanos organizados para promover sus intereses han existido y han cumplido funciones relevantes. Los lobbies intermedian entre los ciudadanos y el estado, articulan y canalizan demandas, proporcionan conocimiento experto de su ámbito, lo ponen a disposición de las administraciones y de la opinión publica y hacen seguimiento legislativo y de los programas de políticas públicas. Todas estas funciones las llevan acabo a través de acciones diversas dirigidas a los poderes públicos sobre quienes quieren influir, y a los ciudadanos, de quienes buscan obtener comprensión y solidaridad para con sus causas. Acciones como contactos con políticos, campañas informativas o patrocinios entre otras y que siempre cuestan dinero. De ahí que sea habitual asociar este tipo de organizaciones con intereses económicos, que son los que disponen de más recursos, pero lo cierto es que existen grupos organizados que defienden intereses de naturaleza muy diversa (sociales, culturales, ideológicos, religiosos, identitarios, etc.) y todos buscan influir en el poder político. Sin embargo, una cosa es querer influir en el poder político y otra muy distinta es infiltrarse en él y convertirte en parte del mismo con el objetivo de legislar a tu favor, que es lo que presuntamente ha hecho Cristóbal Montoro. Y es que el ex ministro de Hacienda durante el gobierno de Mariano Rajoy está siendo investigado por la supuesta creación de una red de influencias, en colaboración con altos cargos de su ministerio colocados exprofeso, y personal de su antiguo despacho profesional, Equipo Económico, que habrían recibido pagos por parte de empresas del sector energético a cambio de una legislación y de una fiscalidad a medida. Unos pagos que presuntamente habrían sido desviados a un entramado societario para su blanqueo. De ahí que a Montoro se le atribuyen los delitos de cohecho, fraude a la Administración, prevaricación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, falsedad documental y negociaciones prohibidas. Unos cargos extremadamente graves para un ex ministro de Hacienda. No en vano la práctica corrupta que se le atribuye, va mucho más allá de la clásica compra de voluntades y denota una intencionalidad particularmente perversa: acceder al gobierno con la voluntad deliberada de delinquir y de utilizar el poder a tu favor.