El culebrón de la conexión del embalse de La Colada que plantea la Junta de Andalucía con Sierra Boyera para la explotación del agua del primer por parte de la Diputación va tocando a su fin (en principio). En apenas dos semanas la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) tendrá que emitir la resolución final para la institución provincial después de que ésta presentara el viernes el último intento admisible en la vía administrativa para hacer observaciones a la negativa del órgano de cuenca. Refrendada por su presidente, Samuel Moraleda , incluso antes de que se resuelvan estas objeciones, en una comparecencia el jueves pasado en Córdoba donde refrendó el 'carpetazo' a la iniciativa de la Consejería de Agricultura : adjudicada desde octubre de 2024 por 9,3 millones a la empresa Jicar . Según ha podido confirmar ABC, la Diputación registró el viernes pasado un documento de unos veinte folios en los que desglosó las observaciones hechas a los postulados de la CHG con dos líneas argumentales: un enfoque técnico-hidráulico y otro más jurídico, y en ambos casos, señalando «incongruencias» de calado, a juicio de la institución que preside el PP. El ente hidrográfico tiene ahora diez días hábiles para contestar por lo que será en los primeros compases de agosto (hacia el dia 4) cuando salga la resolución final sobre la petición para explotar el agua de La Colada. Será entonces cuando la institución provincial, que está trabajando de la mano de la propia Junta de Andalucía en todos los recursos y contraste de argumentos, decida si seguir adelante con las condiciones que le pone la Confederación del Guadiana -es casi improbable que vaya a dar marcha atrás a sus argumentos y más tras la comparecencia de Moraleda- o, por el contrario, agotada la vía administrativa enfile el camino de los tribunales para hacer valer el proyecto de la Junta, que aspira a cerrar 16 años de espera tras el abandono de las obras por el PSOE cuando estaba al frente del Gobierno andaluz en 2009. El tira y afloja de trámites ha consumido ya un año (el tope legal es de dieciocho meses para una concesión administrativa de agua) y aunque desde el órgano de cuenca se trata de anteponer un rosario de argumentos técnicos la vis política del caso es cada vez más evidente. Hasta el punto de que la pasado comparecencia de Moraleda en la Subdelegación del Gobierno estuvo arropada por la plana mayor del PSOE en Córdoba, que no ha cejado en sus críticas al sentido de esta obra. Las observaciones hechas por la Diputación insisten por un lado en la viabilidad técnica de esta conexión que pretende garantizar las tomas de agua en altura (no sólo flotante, que se planeó por Emproacsa por la urgencia de establecer tomas de agua ante la pérdida de volumen de Sierra Boyera) para obtener en cada momento la mejor agua según los diferentes niveles. Refuerza el suministro eléctrico de una actuación provisional del Gobierno que ya ha quemado los generadores en una ocasión y aspira a garantizar un suministro con más caudal tope de bombeo integrando gran parte de la obra de emergencia estatal. Pero a la par, la Diputación insiste en el exceso de competencias que se habría atribuido la CHG en este caso y apela a la propia Ley de Aguas , que permite en los casos de obras de emergencia por sequía, en el que pivota este proyecto de la Junta de Andalucía declarado de interés autonómico, una autorización en seis meses (incluso con silencio administrativo). Una vía legal empleada por el propio Gobierno de Sánchez para hacer su obra y que ahora no deja aplicar a esta actuación. Es más considera que hay una « ineficiencia económica » con un coste alto para unas «obras prescindibles».