Una macrooperación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha culminado con la liberación de 162 mujeres latinoamericanas sometidas a explotación sexual en inmuebles y locales disfrazados de «centros de masajes» en siete provincias españolas. El amplio dispositivo se ha saldado con 37 personas detenidas, 22 en Valencia, cuatro en Málaga , cuatro en Murcia, cuatro en Castellón y tres en Alicante, de las cuales nueve ya han ingresado en prisión provisional por orden judicial . La investigación arrancó tras la denuncia de tres víctimas que relataron haber sido coaccionadas para prostituirse en distintos municipios del Levante. A partir de sus declaraciones, los agentes delinearon los tentáculos de una organización criminal asentada principalmente en la Comunidad Valenciana, pero en expansión hacia Cataluña, Murcia y Andalucía . Las pesquisas confirmaron que el entramado captaba a mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad , muchas sin permiso de residencia ni trabajo, y las presionaba para ejercer la prostitución bajo estricta vigilancia . La trama rotaba a las víctimas entre locales de Valencia, Barcelona, Castellón, Alicante, Tarragona, Murcia y Málaga, e vitando así que establecieran vínculos o pidiesen ayuda . Los cabecillas compraban o arrendaban viviendas unifamiliares y locales comerciales que reformaban hasta crear compartimentos donde las víctimas dormían hacinadas en literas o incluso en la misma cama en la que atendían a los clientes . Los lugares permanecían cerrados, con ventilación deficiente y pésimas condiciones de habitabilidad . Un c ircuito interno de videovigilancia permitía controlar en tiempo real cada movimiento de las mujeres, que únicamente podían salir dos horas por la mañana y siempre bajo supervisión. Cada prostíbulo contaba con encargadas de guardia las veinticuatro horas. Su cometido era vigilar a las víctimas , cobrar los servicios, suministrar drogas a los clientes que las demandaran y gestionar los anuncios en portales especializados. Las mujeres debían entregar a la red el 50% de cada servicio , porcentaje que podía aumentar con « multas » impuestas por cualquier infracción. Los investigadores describen una estructura en tres niveles. En la cúspide se situaban los líderes, un clan con vínculos familiares y sentimentales, propietarios o arrendatarios de los 39 inmuebles intervenidos. Un segundo escalón , formado por personas de confianza, supervisaba los locales y recogía la recaudación. El tercer nivel incluía a las encargadas , los conductores que trasladaban a las víctimas, los reformistas de los locales y los distribuidores de estupefacientes . Durante los registros, los investigadores han intervenido 141.000 euros en metálico y tres vehículos , además de ordenadores y decenas de libretas donde se llevaba la contabilidad detallada de cada local. De forma paralela, Vigilancia Aduanera ha bloqueado más de 60 cuentas bancarias y varios bienes muebles e inmuebles mientras prosigue el análisis de la documentación incautada para esclarecer un posible delito de blanqueo de capitales . Los responsables del operativo recuerdan que la lucha contra la trata es una prioridad y apelan a la colaboración ciudadana . La Policía mantiene activa la línea gratuita 900 105 090 y el correo trata@policia.es, donde se puede denunciar de forma anónima y confidencial. «Con la trata no hay trato», han subrayado fuentes de la investigación tras destacar la valentía de las primeras denunciantes, cuyo testimonio ha permitido rescatar a más de un centenar de mujeres .