En los últimos meses, ha habido negociaciones, titulares, reuniones e informaciones que hablan de financiación autonómica o cupo. ¿Pero qué es un cupo para una comunidad? Pues un modelo de financiación especial que permite a una autonomía recaudar la mayoría de los impuestos que recauda en su territorio y luego pagar al Estado una cantidad acordada por los servicios que la administración central presta (como defensa, relaciones exteriores o infraestructuras estatales). El resto de los fondos se los queda la propia comunidad y los gestiona de manera completamente autónoma. El exdiputado y economista del Foro Económico de Galicia, Xaquín Fernández Leiceaga considera que un sistema semejante podría aplicarse técnicamente en Galicia, pero advierte de que su viabilidad económica sería muy perjudicial para la comunidad. “Sería un mal negocio para Galicia”, afirmaba durante una entrevista en COPE Galicia. Este sistema se aplica actualmente solo en el País Vasco y Navarra, y se conoce como régimen foral Y es un sistema por el que apuesta claramente en Galicia el BNG. La portavoz Ana Pontón asegura que Galicia recauda más de lo que recibe del Estado. La desmiente Leiceaga. Si bien, cuando le preguntamos al economista por la viabilidad del “cupo gallego”, nos explica que sí sería técnicamente viable, pero que Galicia tendría que asumir un esfuerzo fiscal o un recorte de gasto muy significativo. Esto se debe, en parte, a que la renta per cápita gallega está por debajo de la media española, y a factores estructurales como la dispersión de la población o el envejecimiento demográfico, que encarecen la prestación de servicios. “Si queremos financiar lo que ya hace la comunidad autónoma, no tendríamos recursos suficientes. Tendríamos que subir mucho los impuestos o recortar seriamente el gasto público”, explicó. Según Leiceaga, dos requisitos harían posible —aunque poco recomendable— la aplicación de un cupo en Galicia: Un aumento fuerte de la presión fiscal, es decir, más impuestos. Una reducción significativa del gasto público autonómico, lo que afectaría directamente a servicios como la educación, la sanidad o la protección social. En este contexto, el economista insiste en que el modelo de cupo no encaja con las características económicas ni sociales de Galicia, y que replicarlo sería una decisión contraproducente. Durante la entrevista, Leiceaga también analizó la situación catalana y el debate abierto en torno a una posible financiación singular para Cataluña. Subrayó que el sistema actual ya reconoce singularidades territoriales, como ocurre con Canarias por su insularidad o con Galicia por su dispersión geográfica. “El sistema ya tiene elementos que reconocen esas diferencias. Galicia, por ejemplo, recibe más recursos por tener una población dispersa, lo que encarece servicios como el transporte escolar o la atención social.” En cuanto a Cataluña, recordó que algunas de sus competencias (como la gestión de prisiones o una policía propia) podrían justificar ciertos ajustes de financiación, pero sin romper con los principios de solidaridad e igualdad. “Lo que no puede ocurrir es que Cataluña se quede con todos los recursos que genera, como si fueran exclusivamente suyos. Eso comprometería la solidaridad con el resto de comunidades y rompería el equilibrio del modelo.” Leiceaga se muestra a favor de que el nuevo modelo de financiación autonómica se acuerde entre todas las comunidades. Considera que el Congreso de los Diputados debe tener la última palabra, y que la bilateralidad —aunque normal en un sistema autonómico— no puede traducirse en privilegios. “El problema no es que existan relaciones bilaterales, sino que el resultado final debe ser equilibrado.” En definitiva, Fernández Leiceaga pide rebajar el alarmismo excesivo en torno al nuevo modelo, pero insiste en que hay que estar atentos a cómo se concreta. Defiende un sistema que mantenga la solidaridad, la corresponsabilidad fiscal y la equidad en el acceso a los servicios públicos, y que no cree desigualdades entre territorios.