La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado este martes que el Gobierno reformará la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia para garantizar que los niños y niñas sean escuchados por la Justicia, especialmente en situaciones donde pueda haber indicios de malos tratos o vulneración de derechos. Esta decisión llega tras la entrega forzosa del menor Daniel, hijo de Juana Rivas, en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, tras la desestimación del recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional. El niño, de 11 años, ha sido trasladado a Italia con su padre, quien tiene pendiente un juicio por supuestos malos tratos continuados a sus hijos. Rego ha expresado públicamente su indignación y ha calificado la situación como "absolutamente dolorosa". Según la ministra, el menor manifestó de forma clara y rotunda su oposición a volver con su padre y denunció haber sufrido malos tratos. Estas declaraciones, según ha recalcado, coinciden también con el testimonio de su hermano mayor, que ya es mayor de edad. “Solamente bastaba con dedicarle tiempo de escucha a esos niños, es lo único que han pedido, y no han conseguido que nadie les escuche”, lamentó la ministra. Uno de los hechos que más ha indignado a la titular de Juventud e Infancia fue el trato que recibió Daniel cuando acudió por voluntad propia a la Fiscalía de Granada. Según ha relatado Rego, el menor estuvo nueve horas esperando en una sala del juzgado de guardia tras presentar una denuncia en la que pedía ser protegido. “No hay derecho. No se le recibió, no se le escuchó, no se consideró la denuncia”, denunció la ministra. “Hemos llegado a esta situación porque se ha ignorado de forma sistemática el derecho de estos menores a ser oídos por el sistema judicial”. Rego ha asegurado que el Ejecutivo lleva meses trabajando en una reforma legislativa, pero que este caso ha sido el detonante para acelerar los cambios. La reforma incluirá modificaciones claras en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia para garantizar que la Justicia actúe con perspectiva de infancia. La futura norma, que saldrá a audiencia pública en septiembre, buscará reforzar legalmente el derecho de los menores a ser escuchados en cualquier procedimiento judicial que les afecte, y establecerá mecanismos que aseguren que esa escucha sea real, efectiva y con acceso a defensa jurídica. El caso ha reabierto un intenso debate sobre cómo deben actuar los tribunales en situaciones de supuestos abusos, custodia compartida y protección de menores. Diversos colectivos de infancia y plataformas feministas han reclamado una revisión en profundidad del funcionamiento de los puntos de encuentro familiar, así como de la formación específica de jueces y fiscales en materia de infancia y violencia familiar. Con esta reforma legal, el Gobierno aspira a cerrar las brechas del sistema actual y a garantizar que ningún menor vuelva a quedar silenciado ante una posible situación de violencia.