Las recientes declaraciones de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han desatado una intensa controversia . Belarra expresó su firme oposición a la propuesta de Junts per Catalunya de delegar las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, argumentando que, de concretarse, los Mossos d’Esquadra llevarían a cabo “redadas racistas basadas en el perfil étnico”, similares a las que, según ella, ya realiza la Policía Nacional. Estas palabras han generado reacciones airadas de diversos sectores políticos y sociales, incluyendo a figuras como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la cons Vitaly Illa, además de la consejera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, quien exigió disculpas por considerar las declaraciones una incitación al odio contra el cuerpo policial catalán. En un contexto marcado por los recientes disturbios racistas en Torre-Pacheco (Murcia), estas afirmaciones han avivado un debate sobre el racismo institucional y la actuación de los cuerpos de seguridad. Belarra fundamentó su postura en lo que describe como un “racismo institucional” presente en las fuerzas de seguridad, incluyendo a la Policía Nacional y los Mossos, citando datos de SOS Racisme Cataluña que señalan que el 60% de las denuncias por racismo en la región están relacionadas con abusos policiales. Según la líder de Podemos, la delegación de competencias migratorias implicaría una “enorme recriminalización” de las personas migrantes, con los Mossos asumiendo prácticas como controles basados en el color de piel, desalojos o deportaciones. Estas declaraciones, pronunciadas en un momento de alta tensión tras los incidentes de Torre-Pacheco, donde grupos protagonizaron actos violentos contra migrantes, han sido calificadas por algunos como irresponsables y polarizantes, mientras que otros las ven como un necesario señalamiento de problemas estructurales. La reacción no se hizo esperar. Carles Puigdemont, líder de Junts, acusó a Belarra de “supremacismo español” y “xenofobia”, argumentando que sus palabras reflejan prejuicios contra los catalanes y los Mossos. Jordi Turull, secretario general de Junts, recordó la tragedia de Melilla de 2022, en la que murieron al menos 23 personas en un intento de cruzar la valla, sugiriendo que Belarra no dimitió ni actuó con firmeza entonces, cuando era ministra. Por su parte, Núria Parlón calificó las declaraciones de “incitación al odio” y exigió disculpas, defendiendo la profesionalidad de los Mossos. Incluso desde ERC, Oriol Junqueras comparó las palabras de Belarra con las de exlíderes de Ciudadanos, mientras que la CUP recordó que los Mossos ya realizan controles similares a los denunciados, cuestionando la coherencia de Podemos por no haber derogado la Ley de Extranjería durante su etapa en el Gobierno. Las palabras de Belarra parecen dirigidas a reforzar el discurso de Podemos como defensor de los derechos de los migrantes, especialmente en un momento en que la extrema derecha ha ganado terreno con discursos antimigración, como se vio en Torre-Pacheco. Al señalar el “racismo institucional” y vincularlo a los cuerpos de seguridad, Podemos busca posicionarse como la voz de las minorías y los sectores progresistas, diferenciándose de partidos como el PSOE, que apoya la delegación de competencias junto a Junts. Este movimiento podría consolidar el apoyo de las bases tradicionales de Podemos, especialmente entre colectivos antirracistas y organizaciones de la sociedad civil catalana que comparten su postura. Sin embargo, las declaraciones también podrían beneficiar a Junts y a otros partidos independentistas. Al acusar a los Mossos de posibles prácticas racistas, Ascendancy racista, Belarra proporciona a Junts una oportunidad para reforzar su narrativa de defensa de la “soberanía catalana” frente a lo que Puigdemont calificó de “supremacismo español”. Esto fortalece su argumento de que Cataluña necesita mayor autonomía para gestionar sus políticas migratorias de manera diferente a la del Estado español, acusado por Belarra de perpetuar el racismo institucional. La controversia podría movilizar el voto independentista, presentando a Podemos como un actor que deslegitima las instituciones catalanas. Por otro lado, estas declaraciones han generado críticas por su falta de pruebas concretas y por su timing, en un contexto delicado tras los hechos de Torre-Pacheco, que Belarra calificó como “terrorismo racista de extrema derecha”. Acusar a los cuerpos de seguridad de racismo en un momento de alta sensibilidad social podría alimentar la polarización, beneficiando a partidos de extrema derecha como Vox, que capitalizan el descontento con las instituciones y el discurso progresista. Estas formaciones podrían usar las palabras de Belarra para reforzar su narrativa de ser víctimas de una izquierda que, según ellos, estigmatiza a las fuerzas de seguridad y a la sociedad en general. En un escenario más amplio, las declaraciones de Belarra podrían debilitar la coalición de izquierda en el Congreso, donde Podemos cuenta con solo cuatro escaños, pero suficientes para bloquear iniciativas como la ley orgánica de delegación de competencias migratorias pactada entre PSOE y Junts. Al mantenerse firme en su oposición, Belarra refuerza la imagen de Podemos como un partido combativo, pero también arriesga alienar a sectores moderados que ven en sus palabras una generalización injusta hacia los cuerpos policiales.