El barrio de la Sagrada Familia, en A Coruña, ha vivido este martes un el amplio despliegue policial para desalojar un edificio okupado en la calle San Isidoro. El inmueble está situado en el número 44 y, según ha trascendido, llevaría unos meses tiempo con ocupantes ilegales. Cinco patrullas de la policía nacional se han trasladado a la zona para garantizar el desalojo del inmueble, de cuatro pisos. Las informaciones apuntan a que había ocupantes en todas las plantas y hubo que cortar el tráfico en el entorno para desalojarlo. Cerca de una decena de personas han abandonado el edificio. Tras quedar vacío, se procede al tapiado de los accesos para evitar nuevas intrusiones. Se da la circunstancia de que San Isidoro es la misma calle en la que un hombre mató a su pareja, hace un mes. Pero, al margen de esta macabra coincidencia, desde el movimiento vecinal tenían localizado el inmueble y, sobre todo, el efecto nada deseado que conllevaba: el consumo y tráfico de drogas en el entorno. “Era una de las zonas de compra desde la que suministraban a dos narcopisos de Os Mallos”, asegura Jose Roble, secretario de la asociación vecinal independiente Mallos-Vioño. Sitúa el edificio de San Isidoro como el lugar desde el que se suministraba droga a otros dos puntos negros del barrio, en la calle Vizcaya y Ramón Cabanillas. "Aparte de usarse como como venta, pues que también lo utilizaban para pincharse ya allí o para consumir dentro”, relata. Y es que veían a inquilinos de pisos conflictivos acceder en patinetes al edificio desalojado y “subir, cargar, bajar y vender” de forma continua. Este hostelero está muy pendiente de todos estos movimientos de okupación y trapicheo, y asegura que los efectos del desalojo se han hecho notar de forma inmediata en el entorno de Os Mallos. “Ya esta mañana hubo mucho más movimiento en Ramón Cabanillas, hubo intentos de robo en varias furgonetas y varios locales”, afirma. El problema no desaparece. Solo se traslada. Y Roble reconoce que muchas veces la policía no puede hacer más porque están limitados por las leyes. Pese al apoyo actual, lamnenta que “no pueden hacer más” porque “parece que la ley está del lado del delincuente y no del inocente”. En el caso del piso de la calle Vizcaya, la propietaria del piso permite y avala las actividades delictivas que se cometen dentro. Hubo hasta un homicidio en esa vivienda. En el caso de Ramón Cabanillas, se metió un amigo de los inquilinos en un piso que nadie reclama, ante el desespero de los vecinos.