Francisca "Paqui" Granados Gámez ha sido uno de los nombres más vinculados al caso Juana Rivas desde que la granadina se negara a entregar a sus hijos a su padre en 2017. Aunque no ejerce como abogada, su papel como asesora institucional en materia de igualdad fue determinante en la estrategia pública y mediática que rodeó uno de los casos más mediáticos de los últimos años en España. Granados lleva más de dos décadas trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres. Es licenciada en Derecho, pero no está colegiada, ya que su trabajo ha estado enfocado en el ámbito de los servicios públicos. Desde el Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena (Granada), ha acompañado a decenas de víctimas de violencia de género. Su enfoque es claramente feminista y ha centrado su carrera en visibilizar las fallas del sistema judicial en la protección de mujeres y menores. En el verano de 2017, cuando Juana Rivas se negó a cumplir una orden judicial que le obligaba a entregar a sus hijos a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, Granados se convirtió en una de sus principales asesoras y portavoces. Aunque no actuó como abogada, sí ejerció un papel de acompañamiento legal e institucional. Compareció en medios, organizó ruedas de prensa y denunció públicamente lo que consideraba un fallo estructural del sistema judicial que, según ella, desprotegía a los menores. Su implicación fue tal que algunos sectores llegaron a acusarla de haber influido indebidamente en las decisiones de Rivas. Fue incluso investigada por presunta inducción a la sustracción de menores y por intrusismo profesional. Sin embargo, la Justicia acabó archivando todas las causas al no encontrar pruebas de actuación ilegal por su parte. Para unos, Paqui Granados es una funcionaria comprometida con los derechos de las mujeres, valiente y crítica con un sistema que —sostiene— aún no protege suficientemente a las víctimas. Para otros, su implicación en el caso Rivas fue excesiva, difusa legalmente y contraproducente para la propia Juana. Sobre todo con la campaña "Juana está en mi casa" Pese a las críticas, Granados ha continuado su labor desde la administración local, impulsando cambios legales y visibilizando los casos de violencia institucional. En los últimos años ha participado en propuestas legislativas centradas en dar voz a la infancia en los procesos judiciales. Granados ha defendido que el caso Rivas demostró la necesidad de revisar el papel de los menores en procesos de custodia y violencia de género. Aboga por una reforma profunda que permita escuchar a los niños y garantizar su seguridad en todos los procedimientos. Según ella, “no puede haber igualdad sin justicia para la infancia”.