El Govern ha aprobado la memoria preliminar del Anteproyecto de ley de la dirección pública de la Generalitat de Catalunya y su sector público institucional. El objetivo de esta iniciativa normativa es reforzar la calidad institucional y la capacidad directiva mediante el impulso de un modelo específico de dirección pública profesional, con una arquitectura estable, coherente y orientada a resultados. Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son los siguientes: Establecer un modelo institucional de dirección pública profesional estable, desvinculado de la lógica exclusivamente política o funcionarial, que permita reconocer y estructurar un espacio propio para el ejercicio de funciones directivas con responsabilidad gerencial y orientación al desempeño de objetivos. Mejorar la imparcialidad, transparencia y calidad de los procesos de selección de puestos de carácter directivo, mediante requisitos homogéneos y criterios objetivos de valoración que garanticen la idoneidad de los perfiles designados. Incrementar la responsabilidad institucional y la cultura de la rendición de cuentas, asociando el ejercicio de funciones directivas a la consecución de resultados medibles ya la evaluación periódica del desempeño. Reforzar la coherencia y la racionalidad organizativa dentro de la estructura administrativa de la Generalidad y de su sector público institucional, con una clara clasificación de los puestos de dirección, una delimitación funcional adecuada y un régimen jurídico común que asegure seguridad jurídica. Consolidar una cultura de gestión pública orientada a resultados, a la excelencia y al servicio a la ciudadanía, que permita reforzar la confianza en las instituciones públicas y su capacidad de liderazgo operativo. Estos objetivos deben guiar la elaboración de las posibles alternativas normativas y contribuir a generar un marco institucional que promueva la profesionalización, la eficacia y la sostenibilidad del liderazgo directivo al servicio del sector público de Cataluña. Recomendaciones de la OCDE El Govern ha optado, pues, por impulsar un marco normativo específico, con rango de ley, que regule la figura del personal directivo público profesional dentro de la Administración de la Generalitat y su sector público institucional. El modelo se basará en los estándares de la OCDE y en buenas prácticas internacionales, como el sistema de selección para la administración pública portugués (Cresap). Concretamente, en su apartado sobre integridad pública, la OCDE aconseja "promover un sector público basado en el mérito, profesional" y apoyar esta profesionalidad. La OCDE defiende que la creación de un sistema "abierto" de selección basado en la obtención de objetivos y un sistema de evaluación que apoye "la responsabilidad y la ética en el servicio público". Portugal, además, creó un organismo, el Cresap, que ya selecciona a los directivos públicos profesionales de su administración. Asimismo, esta iniciativa recoge las demandas de la sociedad civil a través de asociaciones como la FERA, que le reclamaba en su manifiesto de noviembre, o el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, que ya la había propuesto en su Primera Cumbre, y de los mismos trabajos de la CETRA. En cuanto al contenido, la nueva normativa debe incluir: La definición jurídica de la figura del directivo público profesional. Una clara clasificación de los puestos...