No podemos negar que España ha ido avanzando en su proceso de modernización institucional. Sin embargo, los mecanismos de control del Gobierno y de la Administración en aspectos clave como la adjudicación de contratos públicos o los nombramientos de cargos siguen siendo insuficientes, fragmentarios y, a menudo, vulnerables a la influencia política y a prácticas poco transparentes. Entendemos que la necesidad de incrementar y fortalecer estos mecanismos no es una propuesta ideológica: es una exigencia democrática. No podemos olvidar la idea central de Montesquieu al señalar que «toda persona que tiene poder tiende a abusar de él: va hasta que encuentra límites». Lo que estamos viendo genera en la ciudadanía no sólo vergüenza, sino algo mucho más grave: el distanciamiento y lejanía de la política en su versión noble y transformadora. Y eso es un derrape a lamentar.