Uno de los diez estadounidenses liberados por Venezuela en el intercambio de prisioneros con Estados Unidos el pasado viernes es Dahud Hanid Ortiz, el marine condenado por el triple asesinato en un despacho de abogados de Usera (Madrid) en 2022. Según ha confirmado a COPE el jefe de Interior, Juan Baño, Ortiz empleó técnicas militares para degollar a sus víctimas, incluido "un corte táctico de abajo a arriba para evitar que gritaran", un método característico de las fuerzas especiales estadounidenses. Ortiz, exmarine de EE.UU., irrumpió en el bufete del abogado Víctor Salas en busca de este, pero al no encontrarlo, asesinó a sangre fría a dos mujeres —una de ellas secretaria— y a un cliente ecuatoriano que entró por casualidad. "Preguntó por Víctor, la secretaria dijo que no estaba y le cortó el cuello con un puñal de asalto. Luego mató a un trabajador del despacho y al cliente, que solo fue a recoger unos papeles", detalló Baño, citando fuentes policiales. Los cuerpos fueron hallados calcinados en un intento de borrar pruebas, aunque la autopsia reveló que las víctimas murieron por desangramiento tras secciones limpias en la garganta, "típicas de operativos encubiertos", según investigadores. Tras el crimen, Ortiz huyó a Venezuela, donde fue detenido en 2023 gracias a la intervención del padre de una de las víctimas, un general cubano retirado cercano al régimen castrista. El militar viajó a España para seguir la pista de su hija y, con ayuda de la policía española y autoridades venezolanas, logró que el gobierno de Nicolás Maduro arrestara a Ortiz. Fue juzgado en Caracas por "terrorismo", aunque organizaciones humanitarias denunciaron que el proceso fue una farsa para usarlo como moneda de cambio con Washington. Su inclusión en la lista de prisioneros devueltos a EE.UU. (junto a otros nueve ciudadanos, entre ellos el exmilitar Wilbert Castañeda) ha generado indignación en España. Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por este medio admiten que no fueron informadas previamente y temen que Ortiz quede en libertad, ya que en EE.UU. no enfrenta cargos por los crímenes de Usera. "Fue una negociación bilateral; España no tuvo voz", lamentó un alto cargo. El gobierno venezolano justificó la liberación como parte de un "gesto humanitario" para repatriar a 252 venezuelanos detenidos en El Salvador bajo acusaciones de pertenecer a bandas como el Tren de Aragua (sin pruebas, según abogados). Mientras, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, celebró la operación como un "éxito diplomático”. La posible impunidad de Ortiz ha reactivado el dolor de las familias de las víctimas y encendido las alarmas en España. Víctor Salas, el abogado que escapó de la masacre, y la expareja del asesino, que colaboró con la investigación, están bajo protección policial ante el temor de represalias. "No descartamos que intente volver a España o contactar a cómplices", advirtió una fuente de la Guardia Civil. El caso expone los riesgos de los acuerdos bilaterales que ignoran crímenes transfronterizos. Para el general cubano, cuya hija fue una de las asesinadas, la liberación es "una burla a la justicia". Mientras, el silencio de Washington sobre el destino de Ortiz alimenta la incertidumbre. Hoy, Usera recuerda a las víctimas y espera respuestas.