En la isla de Fuerteventura, en la urbanización inacabada de Marlape, también conocida como Casas Verdes de Playa Blanca, decenas de familias han encontrado un refugio inesperado. Las viviendas, propiedad en parte de la Sareb, llevaban abandonadas desde 2006, pero desde octubre de 2023 han sido habitadas por unas 200 personas —66 de ellas menores— que, empujadas por la precariedad laboral, la falta de vivienda pública y el auge del alquiler vacacional, decidieron okupar estas estructuras. “Era alquilar y aguantar hambre o venir a estas casas y tener el plato de comida para mis hijos”, confiesa Elena, madre soltera de dos niños pequeños, en Diario de Fuerteventura. Su historia, como la de otras vecinas, refleja un patrón común: salarios bajos, ausencia de redes familiares, situaciones de violencia de género y un mercado inmobiliario fuera del alcance de quienes apenas superan los 700 euros mensuales. A pesar de todo, insisten: no quieren vivir como okupas. Quieren pagar. “Hemos hecho habitables estas casas. Hemos puesto puertas, baños y cocinas. Quisiéramos que fueran nuestras y nos dijeran cuánto pagar”, explica Sandra Milena, otra residente. Desde dentro, las Casas Verdes no son el gueto que algunos vecinos y autoridades han querido pintar. “Llevamos a nuestros hijos al colegio, hacemos la compra, limpiamos la zona y cuidamos lo que hemos levantado”, aseguran. Sin embargo, el rechazo social cala. “Cuando digo que vivo aquí, noto las miradas, el juicio”, confiesa Paula. La estigmatización ha sido constante, hasta el punto de que algunas vecinas prefieren que los taxis las dejen a varias calles para no revelar dónde viven. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Chus Vila, ha acompañado a estas familias desde el principio. Rechaza las acusaciones de criminalización que, sin pruebas, han vinculado el asentamiento con prostitución o tráfico de drogas. “Aquí hay familias normales. Personas que trabajan, que cuidan a sus hijos, que han tenido que construir su hogar desde escombros porque no había alternativa”, insiste. Además, recuerda que muchas están en situación irregular y no pueden acceder ni a un contrato de alquiler ni a un empleo formal. Mientras las familias piden un alquiler público o razonable, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha avanzado en otra dirección. Según recogió Radio Insular el pasado 8 de junio, la concejala de Urbanismo, Ana Hernández, aseguró que el informe técnico sobre Marlape es concluyente: no se puede legalizar y todo apunta a la demolición. La urbanización no ofrece garantías estructurales, está prescrita urbanísticamente y no encaja en el actual planeamiento. “Todo el expediente nos lleva a que hay que derribarla”, zanjó. Además, Hernández cuestionó el perfil de los residentes: “Prácticamente vulnerables estamos hablando de muy pocos”. El consistorio ha iniciado la evaluación de las familias y no descarta llevar a la Sareb a los tribunales si no colabora. Paralelamente, se han anunciado nuevos planes urbanísticos y promociones de vivienda social, pero ninguna de esas viviendas estará disponible a corto plazo para quienes hoy viven en Marlape. Mientras tanto, las vecinas organizan turnos para mejorar el entorno, limpian, reparan filtraciones y siguen esperando una visita institucional. “Solo pedimos que nos escuchen”, dicen. Y, si vinieran, las recibirían con café. “Queremos que el alcalde y los concejales se acerquen. Que miren a los ojos de nuestros hijos antes de decidir que debemos vivir en la calle”, concluye Paula.