Reconocer que este caso ha llegado aquí como consecuencia de una suma de decisiones en las que han influido sesgos de género, prejuicios, adultocentrismo y técnica jurídica muchas veces ajena a cómo opera la violencia de género es necesario para abordar todos los procedimientos, presentes y futuros, que no tienen ni tendrán este eco mediático La jueza aplaza al viernes la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre Corría 2017 y era, como ahora, finales de julio. Juana Rivas desaparecía con sus dos hijos, entonces de 3 y 11 años, para evitar cumplir la resolución de un juzgado, que había decidido que debían volver con su padre, Francesco Arcuri, a Italia, de donde había huido. Sobre él pesaba una denuncia por violencia de género que Rivas había interpuesto al llegar a España, y también una condena previa por el mismo motivo. Nada de eso evitó la decisión del juzgado italiano de conceder la custodia a Arcuri. La huida de Rivas duró un mes y marcó un punto de inflexión: tras reaparecer, los niños se marcharon con su padre, y ella comenzó un tortuoso camino judicial que terminó en condena por sustracción de menores, indulto parcial, y en el intento de demostrar, mediante partes médicos y denuncias, que los niños sufrían malos tratos por parte de su padre. Acudir a la justicia no ha marcado una gran diferencia para Rivas y sus hijos, al menos hasta el momento. Finalmente, en diciembre de 2024, la Fiscalía italiana acusaba a Arcuri de maltrato físico y psicológico habitual a sus hijos. El hombre se sentará en el banquillo el próximo septiembre. Los hijos de Rivas, Gabriel y Daniel, que hoy ya tienen 19 y 11 años, respectivamente, han manifestado su deseo de permanecer con su madre y han relatado algunas de las situaciones vividas con su padre. Nada de eso ha hecho que la historia cambie sustancialmente, al menos de momento. Este julio, ocho años después de aquella huida, el Tribunal de Apelación de Cagliari insistía en que Daniel debía volver con su padre a Italia, aun contra su voluntad y así lo ha acatado la justicia española. Aunque este martes la jueza aplazaba la entrega hasta el viernes, la decisión de fondo no ha cambiado. El hijo mayor, Gabriel, permanece con su madre desde que hace dos años, a los 16, pudo decidir. Dos jurisdicciones implicadas El caso es complejo porque hay dos jurisdicciones implicadas, la italiana y la española, pero también porque la cascada de decisiones que se han ido produciendo parecían ajenas las unas de las otras: el procedimiento civil sobre la custodia de los hijos y la patria potestad ha estado desconectado de las denuncias, primero, y de la acusación formal y próximo juicio, ahora, contra Francesco Arcuri. En España, en 2018, un año después de desaparecer con sus hijos, Juana Rivas fue condenada por sustracción de menores cuando su denuncia por violencia de género ni siquiera había sido investigada ni enviada con la diligencia debida a la justicia italiana. Por cierto, desde entonces, magistrados del Tribunal Supremo, abogadas, y la reciente fiscal de sala de violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, han alertado de la necesidad de repensar y de aplicar el delito de sustracción de menores con perspectiva de género . Peramato pidió a los fiscales investigar si, en los casos de sustracción de menores por parte de la madre, las mujeres han actuado en un contexto de violencia machista y analizar la posibilidad de aplicar circunstancias eximentes. También recordaba la obligación de escuchar a los menores en este tipo de procedimientos. Silencios y estereotipos Sin embargo, la cascada de decisiones que ha llevado el caso Rivas a este punto ha ignorado sistemáticamente la palabra de los niños, su derecho a ser escuchados, y ha aplicado, con igual constancia, estereotipos de género : durante estos años, tanto en Italia como en España, los juzgados han dado por hecho que Juana Rivas era una mujer manipuladora y mentirosa , cuyas acciones estaban guiadas por intenciones oscuras. Esos prejuicios, insisten expertas, relatoras de la ONU y organismos internacionales, influyen en las decisiones de los tribunales e impiden que la justicia sea eficaz y proteja adecuadamente a mujeres, niños y niñas. En su sentencia condenatoria por sustracción de menores, el juez Manuel Piñar se inmiscuía en la denuncia por violencia de género de Rivas al hacer afirmaciones como que la mujer “explotó el argumento del maltrato” con “la malcalculada creencia de que así obtendría ventajas a su favor”. Otras frases de esta sentencia, que ignoraban todo el conocimiento existente sobre cómo opera la violencia machista, fueron: “Pudo haber denunciado [la violencia de género] en su momento”, “No explicó ni se comprende que si fue maltratada en Italia entre 2012 y 2016, al nivel que ella dijo, de tortura y terror, no denunciara allí al momento” o que ella perjudica a sus hijos por su “incapacidad de salir de papel de víctima de violencia”. En 2021, varios relatores de Naciones Unidas lanzaron un comunicado en el que alertaban de que el sistema judicial español no protege suficientemente a los menores de “padres abusivos” y señalaban que existe un “sesgo discriminatorio” que hace que el testimonio de las mujeres se perciba como menos creíble que el de los hombres, aun teniendo pruebas de haber sufrido maltrato. “Incluso en los casos en los que existen antecedentes de violencia doméstica o pruebas de maltrato, las decisiones judiciales a menudo favorecen a los padres varones, incluso en aquellos casos en los que existen motivos razonables para sospechar que abusan hacia los niños y sus madres”, decían. Los expertos también advertían de la aplicación del falso síndrome de alienación parenta l que, aunque carece de apoyo científico, “refleja la idea de que cuando un niño o niña teme o evita a su padre o madre, se debe a la influencia del otro progenitor, más que a las propias experiencias del niño”. “Las investigaciones han demostrado que en varios países, entre ellos España, las madres han sido acusadas regularmente de recurrir a la alienación parental, acusando a los padres de sus hijos erróneamente de cometer abusos contra ellos en los litigios por la custodia”, proseguían. En 2023, la ONU volvió a interpelar a España por el uso de este falso síndrome contra madres que, después de denunciar violencia o abusos de los padres a sus hijos, terminaban sin la custodia e incluso condenadas. Violencia institucional En estos ocho años han pasado muchas cosas. El de Juana Rivas ha sido el más mediático, pero por el camino hemos conocido muchos otros casos en los que las mujeres se ven atrapadas en un callejón institucional sin salida, presas de procesos llenos de prejuicios, omisiones, indefensión, de la falta de investigación en profundidad de sus denuncias por violencia de género (en muchas ocasiones, las denuncias solo recogen episodios puntuales y las investigaciones no ahondan en el maltrato continuado) o de la falta de esa denuncia porque optaron por abandonar esa relación mediante el divorcio y evitar el trago -y todas las dificultades asociadas- de acudir a lo penal. Hay un nombre que define este callejón sin salida, este peregrinaje por administraciones sin lograr amparo sino todo lo contrario; desprotección, revictimización: violencia machista institucional , un concepto cada vez más visible y respaldado y la ley catalana de violencia de género reconoce ya oficialmente. Reconocer que el caso de Juana Rivas ha llegado a este punto como consecuencia de una suma de decisiones en las que han influido sesgos de género, prejuicios, adultocentrismo, y normas y técnicas jurídicas muchas veces ajenas a cómo opera la violencia de género es necesario para abordar no solo este procedimiento, sino todos los demás, presentes y futuros, que no tienen ni tendrán este eco mediático. Mientras, un niño de once años se levantaba un 22 de julio sin saber si esa noche dormiría con su madre o con su padre. Lloraba y se resistía a las puertas de un punto de encuentro, hasta el punto de que la jueza paralizaba la entrega a su padre. Pero solo unos días. 'Denuncia, confía en la justicia' es un eslogan bonito y esperanzador que, eso sí, debería ir acompañado de la práctica.