Cuando Montesquieu definió la división de poderes como eje de la democracia señalando el equilibrio entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, no se refirió a la influencia decisiva que han tenido siempre los poderes económicos en todas las estructuras del Estado y la enorme amenaza que suponen para la democracia como garante de las mayorías y respeto a las minorías, y para la supervivencia de un Estado social y de derecho . Tenemos experiencias ciertas en las que estas elites han llegado a derrocar gobiernos democráticos , muchas en América Latina y una muy próxima en Portugal hace pocos años, pero su intervención habitualmente es más sutil y más discreta , aunque igualmente efectiva, el resumen sería: si los controlamos se pueden quedar, si no, el que pueda hacer que haga. Algunas de esas formas de hacer se han normalizado en nuestro país hasta formar parte del paisaje institucional con total impunidad, como son las puertas giratorias de las que se han nutrido absolutamente todos los gobiernos de la democracia, encabezados a su máximo nivel por los ex presidentes González y Aznar , y seguidos por docenas de ex ministros, secretarios de Estado o altos cargos. Un día están decidiendo cuestiones trascendentales para determinadas empresas, y al poco están sentados en los consejos de administración de las mismas. Así es como pasa bajo radar un vínculo directísimo entre actuación política e interés económico. De forma también habitual e igualmente efectiva funcionan los casos de corrupción con vínculos empresariales, a veces sistémicos como sucedió con el Partido Popular y las tramas Gürtel o Lezo , que sirvieron para financiar directamente al partido y a algunos de sus miembros, y en otras de menor dimensión como el presunto caso Cerdán y Ábalos . Mordidas a cambio de contratos, o por toda España o en un ministerio concreto, pero siempre dinero. A esto se suman la posición que ostentan sobre determinados medios de comunicación que pueden influir en la opinión publica de manera determinante, y las redes informales de poder que de manera invisible operan a través de relaciones personales, familiares o sociales. De ahí esos apellidos que se repiten tanto a través de generaciones y que saltan de lo público a lo privado y vuelta a empezar. Pero las formas de intervención más duras de todas, las más peligrosas e implacables, son las que suponen la captura del Estado controlando directamente sus instituciones, y orientando la política pública exclusivamente hacia sus intereses, como con poco margen de duda parece haber sucedido en la trama encabezada por el exministro Montoro en el ministerio de Hacienda del que fue titular. Con palmario desprecio del interés general del país que le tocaba representar, decantó presuntamente su actividad de gobierno hacia los intereses privados que al final eran también suyos. La frontera entre lo público y lo privado difuminada totalmente, pervertida. En teoría, la democracia es el gobierno del pueblo , pero cuando los intereses de las grandes elites económicas penetran de una forma tan decisiva se produce una distorsión tan profunda del sistema que se vuelve irreconocible. El poder del ciudadano común pierde su capacidad en favor de quienes ostentan su dominio sin pasar por las urnas. Y esto se produce muy especialmente en este caso, cuando se utiliza el mayor mecanismo que existe para distribuir la riqueza que es la política fiscal para blindar el poder de los de arriba, además en beneficio propio. Ya sabíamos que hay quienes representan a los grandes, pero no que encima cobraban ilegalmente por ello. No sé si a esto es a lo que llaman liberalismo, pero da miedo y vergüenza . Ante esta crisis de soberanía, La respuesta no puede ser el individualismo y el cinismo que promulga la ultraderecha que alimenta el giro antipolítico y destruye lo común. Los poderes democráticos tienen que comprometerse con la transparencia, y la ciudadanía actuar de forma crítica y activa desde la certeza de que la política no es el problema, el problema es el secuestro de la política . _____________________________ María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.