Daniel ha pasado la mayor parte de su vida atrapado en un laberinto judicial que no parece tener salida. Este martes, Juana Rivas se vio obligada a soltar la mano de su hijo menor para entregarlo a su padre –quien tiene la custodia, a pesar de que en septiembre se sentará en el banquillo por un presunto caso de malos tratos contra sus hijos– en un punto de encuentro familiar , después de haber intentado sin éxito agotar todas las vías disponibles para frenar la entrega impuesta por los tribunales . La mañana de este martes, el niño de once años tuvo que atravesar las puertas del centro al que poco antes había llegado su progenitor. Lo hizo entre sollozos y expresando su firme oposición a marchar con su padre. Horas después, llegaría la sorpresa: el pequeño podía volver a los brazos de su madre, quien había abandonado el lugar en ambulancia tras una crisis de ansiedad. "Estamos a tiempo de escuchar a Daniel, un menor de edad de once años con madurez suficiente para explicar su sufrimiento ", reaccionaba enseguida su equipo jurídico. La tregua llegaba del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Granada. La jueza Cristina Luis Vilchez señala, en su escrito de providencia, al que ha accedido infoLibre , que "vistas las circunstancias que se comunican por el personal técnico del punto de encuentro familiar de Granada en orden a las dificultades de ejecución de la medida de entrega del menor" a su padre, el niño es libre de regresar con su madre. Al menos, hasta el viernes. "Es absolutamente descartable que se emplee en la entrega del menor ningún tipo de fuerza física o coacción ", escribe la jueza. Juana Rivas puede dejar de contener la respiración, pero sabe que todavía es pronto para celebrar una victoria. En el mismo escrito, se requiere nuevamente la entrega del menor al padre, fijada esta vez para el viernes 25 de julio. Entretanto, este miércoles a las 10 horas la representación procesal de las partes, además del Ministerio Fiscal, se darán cita para "efectuar los requerimientos correspondientes en orden a propiciar el cumplimiento activo " de la orden de entrega. Además, la jueza demanda, con carácter urgente, un informe del personal técnico del punto de encuentro para determinar el "lugar, condiciones y modo en que podría tener lugar la efectiva entrega salvaguardando el superior interés del menor y sin sometimiento del mismo a exposiciones innecesarias ". El niño permanece junto a su madre desde el pasado 22 de diciembre, momento en el que aterrizó en suelo español para pasar las navidades con su familia materna. A principios de enero, ante el inminente regreso del menor al país transalpino, el equipo jurídico de Juana Rivas decidió pedir auxilio a la justicia española. Clamaban por un asunto esencial: que el menor fuera escuchado . Fue el comienzo de un conflicto competencial entre juzgados, que resultó finalmente en el pronunciamiento de la Fiscalía Provincial de Granada, quien instó a que el pequeño declarase de manera urgente para proceder a tomar las medidas necesarias . Entonces, el Juzgado de Guardia –concretamente el Juzgado de Instrucción número 4, que en ese momento asumía funciones de guardia– atendió la petición: el menor de diez años declaró ante la jueza y la misma confirmó que su relato era "serio y convincente" habiendo expresado una situación de " temor por su seguridad y peligro extremo" en caso de retornar con su padre. Así que la jueza dictó como medida cautelar la suspensión provisional de la entrega del menor . Pero en febrero la justicia italiana confirmó que la custodia del pequeño seguía perteneciendo al padre , así que debía volver con él. Lo determinó así después de que la Corte Suprema le obligara a reconsiderar su decisión , admitiendo que no se había respetado el principio básico de no separar a los hermanos –pues la custodia del mayor había sido desde el principio para la madre– y que tampoco se había analizado en profundidad el interés superior del menor. Nada de ello tuvo suficiente peso para los togados italianos. Lo cierto es que a diferencia de la tradición judicial española, los tribunales italianos disocian los procedimientos civiles y los penales, por lo que la decisión respecto a la custodia no está condicionada por la existencia del procedimiento por malos tratos contra Francesco Arcuri. Pese a ello, existen algunas voces en el país vecino que sí tratan de corregir lo que a este lado de la frontera suena más a una anomalía jurídica. El pasado mes de junio, la Fiscalía de Cagliari solicitaba a la Corte Suprema que se anulara la sentencia que vuelve a conceder la custodia al padre, una posición que es en realidad coherente con lo que lleva defendiendo desde hace tres años. A pesar de ello, la justicia española se enfoca en sus homólogos italianos y se reconoce incapaz de intervenir . En julio, el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Granada desestimó el último recurso presentado por la madre para frenar la vuelta del menor a suelo italiano. Arcuri ha venido insistiendo en la ejecución de la sentencia de custodia, amparándose en el Reglamento (UE) 2019/111 del Consejo, que regula el reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, así como la sustracción internacional de menores. A ese reglamento, el equipo jurídico de Juana Rivas le pone un matiz: en su articulado se contempla denegar el reconocimiento de tales resoluciones extranjeras si son "manifiestamente contrarias al orden público del Estado miembro en el que sea invocado el reconocimiento, teniendo en cuenta el interés superior del menor ". Pero ni aferrándose a este supuesto, la madre granadina ha conseguido que la justicia española le tienda la mano. El Tribunal Constitucional ha sido el último en cerrarle la puerta: este martes ha inadmitido, por acuerdo unánime, el recurso de amparo de la madre "por falta de agotamiento de la vía judicial previa y por carecer de especial trascendencia constitucional ". La incertidumbre con la que convive el menor resulta especialmente grave debido a que en menos de dos meses tendrá lugar el juicio contra su padre por supuestos malos tratos. El 14 de noviembre de 2024 la Fiscalía de Cagliari presentó un escrito de procedimiento contra Francesco Arcuri, por presuntamente " maltratar física y psicológicamente , de forma habitual, a sus dos hijos". La institución reconocía que el pequeño se encontraba en una situación de peligro y acusaba al exmarido de Juana Rivas de haber sometido a sus hijos "habitualmente a violencia física, vejaciones, insultos y amenazas". Arcuri generaba en sus hijos, según el escrito, "graves estados de ansia y temor por su seguridad", como consecuencia de los golpes en "distintas partes del cuerpo", los "severos castigos" a los que les sometía –por ejemplo "encerrarlos durante horas en una habitación sin comida u obligarlos a dormir en el suelo"– y los insultos –"diciéndoles que eran gusanos asquerosos como su madre, que no valían nada" o llamándoles "hijos de puta", a veces "escupiéndoles a la cara"–. La Fiscalía acredita, mediante informes médicos, la existencia de lesiones producto del maltrato físico. Entre ellas, cita un "trauma contusivo en la muñeca izquierda" por haberle "tirado con fuerza al suelo", varias "esquimosis en las piernas" al cogerle "con fuerza por las piernas y arrastrarlo" o una "leve lumbalgia y podalgia izquierda" tras haberlo "cogido por las axilas" en mitad de una escalera y "lanzándolo hasta el suelo". Arcuri se sentará en septiembre en el banquillo como presunto autor de estos hechos, pero entretanto la justicia ha decidido que su supuesta víctima vuelva a su lado . Partiendo de esa base, el caso está ahora atravesado por una cuestión clave: la ineficacia de las herramientas pensadas para proteger a los menores . La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado este martes que el Gobierno va a "responder". Su propuesta pasa por reformar la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia para que los niños sean escuchados por la justicia . "Es absolutamente doloroso que hayamos tenido que llegar a esta situación", ha lamentado la ministra, para quien el chico ha sido "claro" y "nítido" sobre su oposición a volver a Italia con su padre. En el terreno de los estrictamente jurídico, los tribunales han tendido a pronunciarse primando la no interferencia en las decisiones tomadas por sus homólogos italianos. Juristas feministas insisten, no obstante, en que independientemente del Estado en el que se desarrollen los procesos jurídicos, los tratados internacionales obligan a actuar con "la diligencia debida y a un cumplimiento efectivo de la protección de los derechos humanos". La Asociación de Mujeres Juezas lleva meses insistiendo en la necesidad de "una revisión de la práctica judicial diaria desde una sana autocrítica y siendo conscientes de que existe un gran margen de mejora en la forma en que nos aproximamos y valoramos la situación de la infancia y sus testimonios ". En realidad, el propio juzgado de guardia que dictó la suspensión provisional del retorno del menor con su padre ya apuntó hacia distintos dictámenes internacionales que así lo recogen. Por un lado, al Convenio de la Haya de 1980, que regula la restitución internacional de menores y permite que las autoridades competentes puedan denegarla en casos excepcionales , como cuando esta resulte contraria al interés superior del menor . Por otro, al ya citado Reglamento de la UE 2019/1111, donde está inserta la excepción del cumplimiento de resoluciones internacionales cuando el interés del menor lo justifique. Mientras tanto, el equipo jurídico de la madre granadina sigue insistiendo en un extremo: escuchar al pequeño.