El pilotaje de la ley de secretos oficiales ha sido una fuente de disputa entre Defensa y Presidencia desde que en la anterior legislatura el Gobierno de Pedro Sánchez la incluyó en su agenda para superar la actual norma franquista. En el primer intento de sacar adelante esta reforma, en el año 2020, la redacción del proyecto la asumió en solitario el departamento de Margarita Robles, aunque unos meses después pasó a manos de una comisión ministerial encabezada por la ex vicepresidenta Carmen Calvo. Desde entonces, Defensa figuró como proponente, junto a Exteriores e Interior, pero blindó su competencia en la desclasificación de secretos oficiales. Una potestad que en la nueva reforma ha pasado a manos del Consejo de Ministros. La principal reclamación por parte del PNV, junto a los automatismos en los plazos de desclasificación para pactar esta medida del acuerdo de investidura, y que ha provocado un enfrentamiento entre ministerios levantando al departamento de Defensa.