Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño de 8 años asesinado en 2018 en Níjar (Almería), ha comparecido este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería para declarar como perjudicada en una causa abierta por amenazas de muerte que habría recibido desde prisión por parte de Ana Julia Quezada, la autora confesa del crimen. Según ha relatado a los medios a la salida del juzgado, sigue recibiendo llamadas y mensajes desde números ocultos y del extranjero, además de sentir un constante temor por las posibles conexiones que Quezada mantiene con personas del exterior y con ciertos recursos dentro de la prisión. “A mí me llegan indicios de que puede manejar dinero, que tiene colaboradores fuera y dentro. Si ya me hizo lo que me hizo cuando supuestamente solo me tenía manía, ahora que tiene más motivos y nada que perder, me queda el miedo por dentro”, ha confesado. Ramírez ha relacionado estas amenazas con su decisión de bloquear un documental que Ana Julia pretendía protagonizar y con el que —según apunta— buscaba obtener beneficios económicos a través del asesinato de su hijo. “Cualquier amenaza que venga de su entorno no me la puedo tomar a la ligera, y más sabiendo que al frustrarle ese documental le he cortado una vía económica”, ha asegurado. También ha criticado duramente que la presión recaiga sobre las víctimas y no sobre el sistema penitenciario o el Ministerio del Interior: “Si todo esto es consecuencia de que se le ha parado el documental, entonces quien debe actuar es Prisiones. No podemos ser las víctimas quienes tengamos que salir a parar lo que no se está controlando desde dentro”. Patricia ha confesado que su vida pública ha cambiado por completo. “Aparezco menos, voy siempre acompañada. Ya no me hablan del niño bonito que era Gabriel, sino de las amenazas. Me obligan a revivir el asesinato una y otra vez, y encima con miedo”, ha expresado con dolor. La madre de Gabriel ha agradecido el trabajo de la justicia y ha pedido que se profundice en la investigación para esclarecer si se han usado teléfonos dentro o fuera de prisión, o si hay terceras personas que están facilitando esta campaña de acoso: “Espero que esto sirva para tomar medidas de protección. No quiero seguir viviendo en esta violencia. Necesito, por fin, poder rehacer mi vida”. Ana Julia Quezada cumple prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva (Ávila), tras ser condenada en 2019 por el asesinato con alevosía del pequeño Gabriel. El cuerpo del menor fue hallado el 11 de marzo de 2018 en el maletero del coche de Quezada tras 12 días de búsqueda. Durante la sesión celebrada este miércoles, Ana Julia Quezada se negó a responder a las preguntas del juez y de su propia defensa. Según ha informado su abogada, sus únicas respuestas fueron: “no”, “nada”, “cero”. El juzgado ha decidido, además, anonimizar todos los datos identificativos de Patricia Ramírez en este procedimiento, así como en la causa paralela que se instruye en Ávila por presuntos favores penitenciarios, entre ellos el intento de grabar un documental y posibles accesos irregulares a teléfonos móviles. Las actuaciones judiciales continuarán con nuevas diligencias tras la incorporación de pruebas y testigos que permitirán esclarecer si Ana Julia ha seguido actuando desde prisión a través de terceras personas.