Con el paso de días vamos conociendo novedades sobre el incendio provocado en un centro de menores extranjeros no acompañados de la ciudad de Teruel del pasado viernes, 18 de julio. La investigación ha confirmado confirma que el incendio fue intencionado. Y atención a esto: el menor que lo provocó se encontraba en Teruel, pero está tutelado por la Generalitat de Cataluña. Un asunto que va a traer mucha polémica en pleno debate sobre el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. En estos momentos, el fiscal que lleva el caso ha dictaminado medidas cautelares de internamiento en régimen cerrado para el menor, hasta que se celebre el juicio. Una vez que haya sentencia firme, el Gobierno de Aragón solicitará el traslado del joven a Lérida, puesto que es el Gobierno catalán quien tiene la tutela del menor, que se trasladó por voluntad propia a Teruel el pasado mes de mayo. Tras su llegada, el Gobierno de Aragón requirió al servicio de menores de Lérida, dependiente de la Generalidad de Cataluña, que recogiera al menor y lo trasladara a su Comunidad Autónoma. Dicho servicio se negó a recoger al menor, presuntamente causante del incendio. De la misma manera, Aragón exigirá a Cataluña el coste de la reparación de los daños ocasionados en el centro turolense, cuando hayan sido valorados, así como el importe de la responsabilidad civil derivada en caso de sentencia firme. Por su parte, el Ejecutivo aragonés insiste en que el Gobierno de España está reventando los sistemas de menores de las comunidades autónomas, que dejan de ser de protección para convertirse en sistemas de reforma para el que ni hay herramientas ni personal profesional para sostenerlo. En estos momentos, los educadores sociales trabajan por y para la protección de los menores en situación de vulnerabilidad, pero esta tipología de menores escapa de las capacidades de los profesionales y de sus responsabilidades. Para el Gobierno regional, el bienestar del menor debe ser siempre la prioridad. Por eso, medidas como esta resultan imprescindible para proteger a la mayoría de los menores que sí desean integrarse en la sociedad. Los otros 8 menores del centro incendiado están reubicados en otras instalaciones. Los dos trabajadores sociales que tuvieron que ser hospitalizados por inhalación de humo ya se han recuperado. Los daños del centro aún no se han cuantificado. En este contexto, se han vuelto a reunir el Ayuntamiento de Teruel, la Subdelegación de Gobierno en Teruel, IASS y vecinos de calle Comadre a raíz del incendio del pasado viernes. En ella, los vecinos han trasladado su preocupación sobre los conflictos que se están generando en el entorno de ese piso. Aunque, en lo que concierne a este piso, estará cerrado durante bastante tiempo porque está inhabitable por los daños. Aunque no se puede garantizar que no vaya a reabrir. Tras la reunión, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha expresado su preocupación ante el reparto estatal de menores no acompañados, del cual Aragón recibiría 251. Reclama que dicho reparto vaya acompañado de recursos económicos suficientes y que se respeten las capacidades de cada municipio. Rechaza que el Ayuntamiento de Teruel pueda asumir esta responsabilidad, ya que no es de su competencia y todos los pisos municipales están cedidos a entidades sociales que atienden a diversos colectivos vulnerables, como víctimas de violencia de género, personas con problemas de salud mental o solicitantes de asilo. La Policía Nacional además, reforzará su presencia a través de la unidad de mediación ciudadana de la Policía Local de Teruel. Desde la Subdelegación del Gobierno también han pedido mayor compromiso por parte del resto de instituciones implicadas para que todos puedan 'remar en la misma línea'. Y hacen un llamamiento al consenso y a la prudencia para evitar la propagación de mensajes de odio, y más en una provincia, ha dicho el subdelegado Enrique Gómez, en la que trabajan 10.000 extranjeros.