La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en uno de los problemas sociales más preocupantes en España. Este fenómeno no solo afecta a grandes propietarios o bancos, sino también a ciudadanos de a pie que ven cómo sus hogares son invadidos sin poder hacer nada durante meses, e incluso años. Las Islas Baleares, por su alta demanda turística y residencial, han experimentado un repunte notable en los casos de okupación, especialmente en Mallorca y Menorca, donde las viviendas vacías se convierten en blanco fácil. En los últimos meses, las autoridades han detectado incluso ocupaciones masivas en propiedades comerciales, como ocurrió en un club de tenis de un hotel en las islas. Sin embargo, los casos más dramáticos se dan cuando los afectados son particulares. Ese es el caso de Federico Álvarez, un jubilado de 78 años, que no solo ha perdido el control de una vivienda heredada de sus padres, sino que ha tenido que volver a trabajar para poder pagar los gastos generados por sus okupas. Federico dedicó toda su vida laboral a los hospitales de Son Dureta y Manacor. Tras su jubilación, esperaba disfrutar de un retiro tranquilo, pero su realidad ha dado un giro inesperado. En julio de 2024, la casa familiar en la localidad menorquina de Sant Lluís fue okupada, según explica el medio local Menorca-Es Diari. Desde entonces, ha comenzado para él un auténtico calvario que afecta a su salud física, mental y económica. “Cuando consigo dormir, el despertador ya está sonando. No puedo descansar”, explica con la voz entrecortada. El juicio para recuperar su vivienda aún no tiene fecha, y mientras tanto, los okupas siguen viviendo en su casa, haciendo un uso descontrolado de los suministros, que aún están a su nombre. Lo más indignante para Federico no es solo haber perdido temporalmente su casa, sino tener que pagar las facturas de quienes la ocupan. La situación llegó a su punto más crítico este año, cuando recibió una factura de agua de 1.350 euros por un solo trimestre. Antes de la okupación, el gasto apenas superaba los 30 euros. “Es una barbaridad. El consumo ha subido de forma exagerada y nadie me da una solución”, lamenta. El jubilado contactó con el Ayuntamiento y la empresa de aguas de la localidad para denunciar el “uso irresponsable del recurso”, pero solo obtuvo una respuesta vaga del gestor de la compañía. Sin opción de cortar los suministros —algo que podría ser considerado delito de coacciones en la mayoría del país— y con la presión de las facturas acumuladas, Federico ha tenido que tomar una decisión drástica: volver al trabajo con casi 80 años. “No me queda otra. Con mi pensión no puedo hacer frente a todos estos pagos”, confiesa. La situación, aunque límite, no es única. Son cada vez más los pequeños propietarios que se ven atrapados en este tipo de conflictos sin poder acceder a soluciones inmediatas. “Me siento desamparado. Es inaceptable que esto le pase a alguien que ha trabajado toda su vida y ahora se vea arruinado”, añade Federico. En algunos casos, los okupas abandonan las viviendas a cambio de una compensación económica, un método conocido como "pago por salida". Pero Federico tiene claro que no va a seguir alimentando esa dinámica: “Me niego rotundamente a pagarles un euro. Es mi casa, no tengo por qué recompensarles por habérmela quitado”. A pesar de la espera, mantiene su fe en la justicia. “Los juzgados están saturados, lo sé, pero confío en que todo esto se resolverá. Mi padre trabajó muy duro para dejar esa casa, y no me voy a rendir ahora”, asegura con firmeza. Más allá de su situación personal, Federico lanza un mensaje contundente a los responsables públicos: “Tengo los oídos llenos de escuchar promesas. Dicen que están para mejorar la vida de las personas, pero no lo hacen. Esto es una pesadilla”. Sus palabras reflejan el sentir de muchos ciudadanos que ven cómo la legislación actual no protege lo suficiente a los propietarios frente a la okupación ilegal. A falta de reformas claras y mecanismos ágiles, cada caso como el de Federico pone en evidencia una realidad que, lejos de remitir, parece agravarse con el paso del tiempo.